ppp

Puedes seguirnos en

Síguenos en: FacebookSíguenos en: TwitterSíguenos en: LinkedInSíguenos en: TuentiSíguenos en: MySpace


Parroquias privadas – dinero público


14/09/2011

Cuando un domingo de mediados de mayo de 2011, D. Primitivo, catedrático de la Universidad de A Coruña de visita en Madrid, acudió a la misa de Villanueva del Pardillo, pensaba que asistía a un rito religioso. En su lugar se encontró con un virulento discurso político declamado por un párroco que pasa por ser un “cura normal” en el pueblo.

Al parecer, lo “normal” debe ser que desde el púlpito se injurie gravemente a las más altas instituciones civiles: “Gobierno que asesina a los niños en los vientres de sus madres”, o a la ministra Leire Pajín “es una asesina de ancianos y de personas que estorban”, por impulsar una ley para morir con dignidad. Lamentablemente, estos indignos y agresivos comportamientos son muy frecuentes en un buen número de diócesis católicas españolas “normales”.

D. Primitivo, católico practicante, ya sabía que en la Iglesia católica (Ic, en adelante) no cabe la deliberación ni la discusión entre iguales. Pero aún así, la desmesura le escandalizó “como ciudadano”, e interrumpió el mítin-homilía. Acto seguido fue expulsado del templo con evidente agresividad.

No deja de ser llamativo que los miembros de una institución como la Ic, puedan injuriar impunemente al Gobierno, a su Presidente, o a cualquier ministro o autoridad civil, sin que el peso del Estado de Derecho caiga sobre ellos, mientras disfrutan del privilegio de atrincherarse en el Código Civil para tipificar como delito cualquier comportamiento u opinión que consideren ofensivos para la religión. Y no se tiene noticia de que el Fiscal General del Estado haya intervenido en defensa de la dignidad de las autoridades civiles injuriadas.

Lo de menos es que los nuevos curas sean fundamentalistas religiosos de extrema derecha, porque surgen de movimientos ultras que quieren “salvar España”, como también pretendió la jerarquía católica hace 75 años, con los resultados ya conocidos. O que hubieran puesto en peligro la oportunista tregua declarada por Rouco Varela al Gobierno, debido a la visita de Benedicto XVI a Madrid en agosto, para celebrar un nuevo catolicircus, esta vez, con jóvenes católicos. Asimismo, no es una razón de peso que no se pueda “hablar así de un Gobierno que financia a la propia Iglesia”, pues tampoco sería lícito injuriar a un Gobierno o a sus ministros, aunque no se financiara a la Ic y estuviéramos en un Estado realmente laico.

Lo realmente alarmante es que el Estado constitucional siga “alimentando”, año tras año, unas instituciones (las diócesis católicas) que gastan 10 veces más de lo que recaudan y que no sólo no realizan ningún servicio de interés general, ni por lo tanto público, sino que en un número considerable, se utilizan para torpedear “sin misericordia” todas las leyes que emanan del poder civil que, no estando de acuerdo con su particular moral, sirven para reconocer, o ampliar, derechos individuales a distintos colectivos ciudadanos.

Lo que crea alarma social en millones de ciudadan@s sensat@s es que trascurridos más de 30 años desde la aprobación de una Constitución supuestamente aconfesional, el Estado siga manteniendo con sus Presupuestos la existencia de 22.661 parroquias católicas (además del sueldo de 21.000 sacerdotes), que conforman una extensa trama reticular que se extiende a lo largo y ancho del país, cuyo objetivo principal no es la actividad “pastoral”, como se deduce de la Memoria de actividades de 2008, presentada en su momento por la propia Conferencia Episcopal: en realidad esta trama es un instrumento para mantener la presión política y el control ideológico y moral sobre el mayor número de ciudadan@s posible, modelando e influenciando su opinión, así como una excepcional plataforma para garantizar la difusión de su particular moral e ideología.

Por eso, millones de ciudadan@s que creemos que en esta democracia constitucional no puede tener cabida ningún privilegio para creencias particulares confesionales, debemos exigir a nuestros representantes políticos que abandonen su clamoroso silencio cómplice y trabajen por hacer realidad los principios de aconfesionalidad, libertad de conciencia e igualdad jurídica de todas las creencias e ideologías que la Constitución proclama. Mientras sigan permitiendo estos comportamientos antidemocráticos y anticonstitucionales, a mí, en estos asuntos, no me representan.

Enrique Ruiz del Rosal

No hay etiquetas para este artículo
Escrito por en 15/09/2011. Archivado en Cartas. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.