La Comunidad de Madrid gastó 35 millones de euros, solo para derivar pacientes a hospitales privados durante las primeras olas de la pandemia. Recurrió en la primera y en la tercera ola a empresas  Sanitarias para atender a pacientes con COVID y a afectados de otras patologías. HM Hospitales, MD Anderson, Quirón Salud y Hospitales Católicos son los grupos que han recibido las indemnizaciones más elevadas. Nuestra comunidad es la segunda comunidad autónoma que más inversión dedica al concierto sanitario.

En los Presupuestos de 2022 se invirtieron 272,31 euros menos por ciudadano en relación a la media de otras comunidades autónomas. Esto se traduce en menos personal sanitario, más listas de espera, urgencias cerradas, etc. La maniobra está completada, se crea la sensación de desatención y, por lo mal que funciona la atención primaria, se derivan pacientes a la privada.

La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) continúa infradotando presupuestariamente la Atención Primaria ya que vemos que se anuncian 2.055,8 millones de euros para el próximo año, un incremento de 529,5 millones, incluyendo el gasto farmacéutico. Pero este incremento no es cierto, puesto que el gasto real en Atención Primaria en 2020 fue de 2.292 millones de euros, cifra que además estaba ya bastante por debajo del 14% de media que se invierte en esta primera línea de la sanidad en otras comunidades. En Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa sin acercarse a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que habla de un 25% en cuanto a inversión en este nivel asistencial para su adecuado funcionamiento. Solamente para Atención Primaria se estima que serían necesarios unos 1.700 millones de euros adicionales, según el sindicato CSIF.

Mientras, la Comunidad de Madrid es la segunda de las comunidades autónomas que más presupuesto público de sanidad dedica a los conciertos con entidades privadas para la prestación de asistencia sanitaria: en la actualidad, se destinan 973.597.309 euros al concierto sanitario. Por poner un ejemplo de una de las maneras de cómo hacen las desviaciones de pacientes y de dinero público: “a mí mismo, en abril de 2022 mi médica me manda una colonoscopia (preferente), me llaman del Servicio de Citas y me dicen que la fecha ‘preferente’ es 28 de noviembre de 2023, les digo que pondré una reclamación y me dicen, que si quiero hacérmela en un hospital privado, podría ser diez días después”. Evidentemente la mayoría dirían que sí y el hospital privado en cuestión, facturará ese servicio a la Seguridad Social.

El gasto en Sanidad en el presupuesto de la Comunidad de Madrid del 2022 fue el 33,71% de su Presupuesto a Sanidad, con lo que el gasto madrileño en sanidad fue de 8.764.633 miles de euros.

También hay que destacar los intereses financieros de la deuda con las empresas concesionarias, derivados de los contratos de concesión de obra pública para la construcción y explotación de los servicios residenciales y complementarios no sanitarios: estaríamos hablando de 34.454.590 euros, a los que hay que sumar 27.158.607 euros, correspondientes al pago del canon a los concesionarios por la construcción y la inversión mobiliaria de los Hospitales Puerta de Hierro-Majadahonda, Henares, Sureste, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo.

El pasado día dos de marzo, la Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Orden que abre paso al uso de las empresas privadas de la Atención Primaria.

La medida pone al servicio de las empresas privadas una serie de tarifas para disponer de las instalaciones y los servicios públicos. En los precios que refleja la orden encontramos que las consultas de atención primaria podrían ser externalizadas por primera vez en la historia y tendrían un coste de 65 euros. Se establece un precio para más de 50 tipos de servicios sanitarios como colonoscopias, que tendría una tarifa de 153,70 euros; la amputación de un dedo, de coste 1.170,96 euros, etc.

Con este anuncio el gobierno andaluz y las empresas privadas tendrán un marco legal propicio, por el hecho de que pone en práctica la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en cuyo artículo 73 habla de que “la colaboración de la Administración Sanitaria con la iniciativa privada se instrumentará a través de los convenios singulares de vinculación y de los conciertos sanitarios”.

Todo esto quiere decir que, en adelante, las empresas privadas dedicadas a la salud podrán usar las instalaciones propias de la Sanidad Pública. Y por reciprocidad, tal y como regula el acuerdo, los servicios sanitarios públicos podrán derivar pacientes a entidades sanitarias privadas. Eso sí, los precios públicos que se establecen por el uso de instalaciones públicas, nada tienen que ver con las facturas por los mismos servicios o similares, que cargan las empresas privadas a las arcas de la sanidad pública. La privatización de la Sanidad Pública es un hecho y ya no por la ‘puerta falsa’ sino mediante un marco legal propicio y los convenios correspondientes.

La transferencia de dinero público ‘a espuertas’ hacia entidades privadas, ya lo puso en marcha Esperanza Aguirre con sus hospitales públicos de gestión privada, que encarecen muchísimo las intervenciones y en el caso de que la infraestructura no haya sido construida con dinero público, la devolución puede costar al erario común entre cinco y siete veces más del coste inicial. Ahora se ha incrementado muy considerablemente con la presidenta Isabel D. Ayuso.

Si, como parece, el modelo a seguir es el implantado por la Comunidad de Madrid y por la Junta de Andalucía, en no mucho tiempo todas las intervenciones sanitarias, sean del tipo que sean, tendrán precio, y de una manera u otra nos las pretenderán cobrar, primeramente, a los que están fuera del sistema (no trabajadores, inmigrantes, indigentes, etc.). ¿Dónde queda el derecho a la protección de la salud? Está reconocido en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad, su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En los Estatutos de Autonomía deja claro que el derecho a la salud se debe proteger y cuidar. Por tanto, choca con ese plan que la señora Ayuso y Moreno Bonilla lleven adelante para el deterioro de la red pública, la privatización encubierta, y destinar fondos públicos de forma escandalosa a la sanidad privada.

Se supone que una ley de rango superior, está por encima de otra de inferior rango, ¿no habrá llegado la hora de que el Estado intervenga con respecto a estas vulneraciones más que repetidas de esta y otras leyes?

Parecería que se trata de una nueva estrategia del Partido Popular, de enfrentamiento con el gobierno central muy acorde, además, con las pretensiones, ya desde hace años de privatizar finalmente toda la sanidad pública. De momento son Andalucía y Madrid las comunidades ‘punta de lanza’ pero, muy probablemente, detrás irán todas las demás, las del PP y es posible que también otras.

Todo esto contrasta con la noticia que hemos conocido hace poco de que ‘La sanidad concertada desaparecerá en la Comunidad Valenciana el 31 de enero de 2024’. El Gobierno de Ximo Puig ha iniciado la recuperación de la última área de salud que gestionaba una empresa privada, Ribera Salud, y vuelve a poner bajo el paraguas de la Administración a toda la red de hospitales y centros de salud. El proceso de reversión que comenzó con el Hospital de La Ribera en abril de 2018 fue seguido de Torrevieja en octubre de 2021, y el próximo 1 de febrero de 2024 se completará con el Hospital de Denia.

La recomendación sería la de ‘a ver si cunde el ejemplo’, pero para las derechas el único ejemplo es el del mayor beneficio para sí y para los suyos. Por tanto, el único ejemplo efectivo es el de no votar a quienes pretenden desmantelar todos los servicios públicos y dejarnos a ‘plena intemperie y desprotegidos’.