Las personas que han ejercido como jueces y juezas durante la dictadura, después de la dictadura e incluso ahora todavía, son casi todas las mismas. Pero lo peor es que los nuevos jueces y juezas que se han ido incorporando a la judicatura, son los hijos e hijas de los anteriores. La mayoría de ellos/as de idéntica ideología que sus antecesores, de derecha o ultraderecha.

Esta práctica forma parte de una lógica establecida y normalizada. ¿Quiénes pueden disponer de recursos suficientes para llegar a ser juez? Entre los años de carrera, posgrados y las varias oposiciones que tienen que superar, en la mayoría de los casos se sitúa entre los diez a doce años y, en algunos, más aún. Tiempo que los optantes a jueces/as tienen que dedicarse a estudiar casi exclusivamente, por tanto, alguien tiene que cubrir sus necesidades: habitacionales, alimentación, gastos generales, cursos, matrículas, etc.

Todo esto supone mucho dinero para que un joven (hombre o mujer), procedente de clases humildes, pueda permitírselo. La conclusión es que, la mayoría de quienes acceden a la carrera judicial, son hijos e hijas de familias de clases adineradas, evidentemente de derecha o ultraderecha.

La judicatura se ha convertido en un estamento completamente cerrado y endogámico, copado por los sucesores de los jueces franquistas. Hoy, los jueces son los encargados de neutralizar a aquellas personas (políticos y ciudadanos molestos), inculparlos con o sin pruebas, y destruir sus pretensiones políticas, incluso a ellos mismos como personas.

Los partidos de derechas se permiten todo tipo de fechorías de la manera más impune, porque saben que los jueces les librarán de las sanciones correspondientes cuando les pillen. También pararán todas las políticas que no sean de su agrado y que propongan o aprueben los partidos progresistas. La oposición de derechas, sistemáticamente, judicializa todos los decretos, leyes o iniciativas que hayan sido aprobadas por la cámara de representantes y que no hayan podido ‘tumbar’ previamente.

Esta es la razón por la que el Partido Popular se niega a renovar el Consejo del Poder Judicial, hoy tiene mayoría conservadora (afín a su ideología) y es un ‘muro’ que frena la aprobación de todo lo que ellos no quieran. Ya son cinco años con el Consejo caducado y sin funciones (pero siguen cobrando sueldo).

Muchos jueces se prestan al hostigamiento o imputaciones, con pruebas o sin ellas, a personas que puedan resultar molestas para los intereses de partidos, empresas o entidades del estamento de los poderosos, siempre de derechas. Ni siquiera es la condena de la persona imputada, lo importante es el impacto mediático y para eso se apoyan en un montón de periodistas corruptos, pertenecientes a medios de comunicación de derecha o ultraderecha, que se encargan de difundir la noticia.

Esto es el Lawfare: un medio de comunicación es financiado (a través de subvenciones, publicidad…), por un grupo económico, partido político (u otra gente afín a sus intereses). Este medio difunde noticias falsas, sugeridas por interesados que son quienes pagan, pero
sin prueba alguna que las abale. Luego el partido político, directamente o a través de asociaciones afines, denuncia ante la justicia y proclama en las cámaras de representantes todas esas mentiras, con la única prueba y argumento que lo publicado en los medios (sus medios, a los que ha pagado para que lo hagan). Seguidamente, un juez de los que sirven a los intereses de la derecha, admite a trámite la denuncia, y demora el procedimiento todo el tiempo necesario para que, partidos de derechas y medios de comunicación
destruyan al rival afectado, a base de mentiras, descrédito, insultos,… Una vez conseguido el objetivo, el caso se desestima por inconsistencia o falta de pruebas. Pero esto ya no interesa, los medios ni siquiera lo dan a conocer, el aniquilamiento está culminado. La ciudadanía ‘se ha tragado’ todas las mentiras que han querido contarles, ha criminalizado al denunciado/a, y éste/a agotado, indignado, repudiado, acaba dimitiendo, ha sido vencido.

El caso más evidente es el que ha sufrido Podemos, ante la mirada impasible y cómplice del
resto del gobierno y partidos políticos, este acoso implacable desde su nacimiento como partido, desde que expuso su opinión política y sus objetivos. Ejemplo de algunos jueces: Juan Carlos Peinado, quien ha admitido a trámite la denuncia contra Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez), basándose en recortes de prensa. Ya anteriormente, este juez imputó a dos concejales de Más Madrid, cuyo caso fue sobreseído por falta de pruebas. Lo mismo pasó con las denuncias contra Podemos (130 a la misma vez y todas ellas sobreseidas): J.J. Escalonilla, M. García Castejón, J.M. Calvete, etc. Los jueces de derechas forman un ‘ente corporativo’ capaz incluso de depurar a aquellos otros jueces que puedan resultarles molestos, caso de Baltasar Garzón como ejemplo que no es único.

¿Por qué sobre los jueces no recae ninguna sanción, después de haberse ‘equivocado’ una o varias veces? ¿Es que los jueces son dioses? Se pueden permitir destruir la reputación de alguien, sus vidas, sus carreras…, y no pasa nada (casos de J.C. Monedero, P. Iglesias, M. Oltra, I. Montero, A. Rodríguez, etc.). Cualquier juez tendría que pagar por sus errores, porque esos desaciertos tienen consecuencias.

Y por supuesto, las actuaciones de los jueces pueden ser criticadas, como las de cualquiera. Ellos no son dioses. Representan al pueblo, son el tercer poder del Estado y su representación en los estamentos judiciales, se deberá corresponder con la  proporcionalidad que hayan decidido los españoles/as con sus votos, exactamente igual a la representación en las cámaras.

El sistema de acceso a la carrera judicial, el Gobierno debería cambiarlo. Entre otras cosas, debería ofrecer becas a aquellos abogados que pretendan convertirse en jueces y no puedan hacerlo por falta de recursos económicos. De esta manera accederían a la magistratura, personas procedentes de otros estratos sociales.