Las viviendas, ubicadas en el sector 4 de Cañada colindante con el casco urbano de Rivas, estaban ocupadas por una familia a la que pertenecían los autores del atropello intencionado en Torrejón de Ardoz, el pasado 6 de noviembre. La Comunidad de Madrid tuvo noticias de la huida y, tras constatar la misma y el abandono de las viviendas, procedió a derribar las construcciones y recuperar las parcelas, ocupadas ilegalmente.
La Comunidad de Madrid derribó, este último miércoles, dos viviendas y algunas construcciones auxiliares adyacentes, ubicadas en las parcelas 97 y 103 del Sector 4 de Cañada Real, colindantes con el casco urbano de Rivas.
El derribo se produjo al quedar estas construcciones vacías y abandonadas, según pudo concluir el Comisionado de la Comunidad para Cañada Real tras recibir informaciones al respecto por parte de Servicios Sociales y testimonios de habitantes de la Cañada próximos a las viviendas derruidas.
Huida por amenaza de muerte
Las dos viviendas estaban ocupadas ilegalmente por miembros de una familia a la que pertenecían los autores de los atropellos intencionados llevados a cabo el pasado 6 de noviembre en Torrejón de Ardoz, tras una reyerta suscitada durante la celebración de una boda.
La familia de las víctimas anunció represalias, entre las que se incluían una amenaza de muerte a los habitantes de las dos viviendas en la Cañada Real, que decidieron abandonarlas y escapar.
Policía Local colaboró en comprobar el abandono
El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real había recibido informes acerca de esta huida, tanto por parte de vecinos de Cañada próximos a las viviendas abandonadas, como de Servicios Sociales, ante los cuales los propios miembros de la familia amenazados habían notificado que se iban de allí.
Para comprobar fehacientemente el abandono de las construcciones, Policía Local de Rivas recibió una petición de colaboración para constatar el mismo, cosa que agentes de este cuerpo estuvieron realizando mediante visitas a lo largo de varios días, por la mañana, tarde y noche. Tras comprobar que las viviendas estaban sin habitantes y que las puertas habían quedado, incluso, abiertas, informaron oficialmente de ello a la Comunidad de Madrid, que con este informe en la mano decidió, este último miércoles en torno a las 13:00 horas, recuperar las parcelas y derribar las edificaciones existentes.
Policía Local se encargó de retirar de las viviendas aquellos enseres de algún valor que habían quedado y que podían ser reclamados posteriormente, depositándolos a tal fin en una nave municipal a la espera de que, tras un plazo de 15 días sin haber sido reclamados, puedan llevarse a uno de los puntos limpios de la ciudad.
