El Pleno de Rivas celebrado ayer aprobó una declaración institucional por la que se insta al Gobierno de España a modificar el cálculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU), el impuesto municipal que grava el incremento del valor de las viviendas cuando se venden o transmiten a terceras personas, y que los Ayuntamientos cobran de acuerdo a la norma impuesta estatalmente. La declaración pide también que se cree un fondo para «compensar a los ayuntamientos de los gastos de devoluciones en casos de venta sin ganancia».
La declaración institucional aborda los casos de venta de terrenos urbanos en las que el valor de venta es igual o inferior al marcado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El impuesto que los ayuntamientos cobran por ello a los vendedores ha sido puesto en tela de juicio tras varias sentencias recientes en las que el Tribunal Constitucional da la razón a aquellso que reclamaban el cobro de ese impuesto cuando la venta de su vivienda no había generado un valor mayor que el señalado por el INE, o incluso se había vendido por menor precio. Este problema se ha producido con frecuencia en España debido a la caída del valor de los terrenos (y, por tanto, de las viviendas u otras edificaciones que en ellos se construyen) desde 2008 hasta la fecha.
El problema es que los ayuntamiento están obligados a calcular el impuesto de acuerdo con la norma de cálculo que la legislación nacional impone. Esta norma, en su redacción actual, no tiene en cuenta la brutal caída del valor de los terrenos, que en la Comunidad de Madrid fue de un 46,8% entre 2008 y 2013, y que desde este último año hasta el momento se ha recuperado moderadamente, pero que sigue siendo de un acumulado de un 37,5%.
Las sentencias del Constitucional hacen prever que en breve habrá una cascada de sentencias similares por parte de tribunales de otro orden, por lo que los ayuntamiento muy probablemente se vean obligados a devolver la totalidad o parte de las cuantías cobradas en función de este impuesto. De ahí la petición del consistorio ripense de que el Estado cree un fondo para compensar a las corporaciones locales por unas devoluciones que la declaración estima, en el caso de Rivas, que podría haber supuesto, desde 2011, una suma cercana a los 9,3 millones de euros.
