El PP acusa al Gobierno local de lanzar una «campaña de desprestigio» contra las inmobiliarias

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Residencial Las Moreras Rivas, una de las promociones de Jarama Inmobiliaria

Considera «deslealtad» para con las empresas la «denuncia interpuesta por el Consistorio contra la empresa Jarama Desarrollos Inmobiliarios, S.L.». Janette Novo: «Si el Ayuntamiento actuase con lealtad, habría llamado a la empresa para requerir una aclaración, en vez de acudir directamente a la Guardia Civil». Fuentes municipales consideran «no subsanable» el presunto delito y niegan que el Ayuntamiento haya «interpuesto ninguna denuncia».

El Partido Popular (PP) de Rivas ha acusado al Gobierno local de lanzar una «campaña de desprestigio contra el sector inmobiliario», tras lo que entiende como una «denuncia interpuesta por el Consistorio contra la empresa Jarama Desarrollos Inmobiliarios, S.L.«.

La formación local se refiere a la puesta en conocimiento de la Guardia Civil, por parte del Ayuntamiento, de un hecho presuntamente llevado a cabo por la inmobiliaria, denunciado por el Canal de Isabel II hace unas semanas y consistente en la falsificación de un certificado de validez de una instalación de suministro de agua a una promoción de viviendas construidas por Jarama. Algo que la empresa negó posteriormente.

En un comunicado emitido ayer, martes, la portavoz del PP de Rivas, Janette Novo, ha retomado su intervención en el pasado Pleno municipal, en el que ya preguntó sobre esta cuestión. Novo da por buena la explicación de Jarama y muestra su extrañeza ante el hecho de que los técnicos del Ayuntamiento «no hayan requerido nunca a la empresa» la «subsanación» de la irregularidad detectada por el Canal de Isabel II y comunicada al Ayuntamiento.

La portavoz de los populares insinúa un proceder torticero del Ayuntamiento cuando declara que «No quiero pensar que el ayuntamiento, que ha paralizado durante más de dos
años las licencias de construcción de la ciudad y que se ha manifestado en contra del crecimiento urbanístico de Rivas Vaciamadrid, haya hecho una denuncia instrumental y esté utilizando esta situación para prolongar la suspensión de las licencias a Jarama Desarrollos Inmobiliarios».

Hechos no «subsanables»

Por su parte, fuentes municipales recuerdan que el Ayuntamiento «no ha interpuesto ninguna denuncia de forma directa contra ninguna empresa ni particular», sino que «ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes (en el presente caso el Puesto de Guardia Civil) una serie de hechos que podrían constituir un ilícito penal, en particular un delito de falsedad en documento público, del que se ha tenido conocimiento por su aportación por parte de una empresa en el procedimiento de Solicitud de una licencia de Obras».

Por otro lado, las fuentes señalan que «no estamos ante un documento erróneo o no válido que pueda ser subsanado o cuya presentación pueda ser obviada, sino ante un documento que, como nos han trasladado los propios servicios técnicos del Canal de Isabel II, carece de validez. No tiene fecha ni firma ni se adecúa a la imagen corporativa que tienen los documentos de Canal de Isabel II». Además, «el Área [del Canal de Isabel II] cuyo sello aparece en el documento no tiene competencias para emitir esos informes y, de realizarlos, se haría por medio de una aplicación informática que cumpliría con los requisitos mencionados». Recuerdan también que han sido los servicios jurídicos de la empresa de suministro de aguas los que «han interpuesto denuncia por dichos hechos».

Las fuentes consultadas recalcan que no debería ser «necesario señalar que de acuerdo al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todas y todos aquellos que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente». El incumplimiento de dicha obligación, continúan citando las fuentes, «puede llegar a constituir delito y en todo caso acarrea la imposición de multa cuya responsabilidad no solo recae sobre los cargos políticos sino que también afecta a las funcionarias y funcionarios que habiendo tramitado el expediente no hubieren procedido a su denuncia».