Firmado el convenio con la Comunidad para la adquisición de viviendas para realojo de familias de la Cañada

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Mónica Carazo y Pedro del Cura durante la rueda de prensa (Foto Rivas Actual)

El Ayuntamiento pone 500.000 euros y la Comunidad 1.600.000. Las viviendas deberán adquirirse sin concentración en un solo barrio o municipio. El Alcalde asegura que «se tendrán muy en cuenta las necesidades de las familias a realojar». El Gobierno de España aporta otros dos millones de euros más.

El Ayuntamiento ha aprobado esta mañana el convenio con la Agencia de la Vivienda Social, de la Comunidad de Madrid, por el cual se aportarán las cantidades convenidas a raíz del Pacto Regional de la Cañada, destinadas a la adquisición de viviendas en las que realojar a familias de los sectores 4 y 5 de la Cañada Real. El Ayuntamiento de Rivas pondrá 500.000 euros, mientras que la Comunidad aportará 1.600.000. Otros dos millones de euros, procedentes del fondo concedido por el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Agenda 2030.

En rueda de prensa el Alcalde, Pedro del Cura, y la Vicealcaldesa, Mónica Carazo, han señalado lo que este convenio tiene de «nuevo paso concreto» para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos contemplados en el Pacto Regional de la Cañada. Del Cura ha explicado que, por parte de Rivas, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) será quien reciba la encomienda de gestión para realizar las adquisiciones.

El regidor ha asegurado también que el proceso, en lo que a Rivas se refiere, se llevará a cabo no con criterios «de simple trámite», sino teniendo en cuenta la situación de cada familia con derecho a realojo. Así, en primer lugar se pretende «tener ya algo concreto en la mano para ofrecer a las familias», de modo que cuando se hable con ellas para estudiar sus necesidades y preferencias justificadas, sea «sabiendo que se trata de algo realmente próximo y real, no de hablar sin una base cierta».

La adquisición de viviendas se realizará teniendo en cuenta cuestiones como el posible arraigo de distinto tipo que una familia pueda tener en un territorio u otro de la Comunidad. Así, por ejemplo, si existe un arraigo laboral, o de proximidad de otra parte del núcleo familiar, o de otros tipos, eso «se tendrá en cuenta a la hora de buscar la vivienda para la familia en cuestión».

Siempre se respetará, no obstante, una condición que Rivas insistió en introducir en el articulado del Pacto de la Cañada: que los realojos no se realicen concentrando a las familias realojadas en núcleos «que después puedan volver a convertirse en focos de marginación». Como baremo económico a la hora de comprar los pisos o casas se utilizará un criterio de distribución geográfica y, paralelamente, una referencia a la media del coste por metro cuadrado de las viviendas en cada municipio o barrio del mismo.