La Alcaldesa, acompañada de la concejala de Urbanismo y Vivienda, declaró, tras interponer la denuncia judicial contra el Gobierno regional, que la Comunidad «no puede cumplir o no una ley en función del agrado que le produzca».
La Alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, y la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, se personaron ayer, jueves, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para interponer una denuncia contra el Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso, por la no aplicación de la Ley de Vivienda, en concreto por la negativa a declarar a Rivas como zona tensionada en materia de vivienda.
Castillejo explicó, en declaraciones a los medios tras cumplir con el procedimiento de presentación de la denuncia, que ésta se interpone «tras haber agotado la vía contencioso-administrativa». La Comunidad de Madrid se negó a cumplir la petición realizada el pasado mes de septiembre por el Ayuntamiento, quien presentó, acompañando a su petición, todos los datos necesarios para demostrar que se cumplían los requisitos para ser calificado de zona tensionada.
La Alcaldesa afirmó, en sus declaraciones, que lo que está haciendo el Gobierno regional es «impedir a la ciudadanía acceder a sus derechos» al no querer aplicar la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central. Para Castillejo, lo que hace el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es «no aplicar la ley sencillamente porque no la comparten». Y recordó que «Un gobierno no puede aplicar o no una ley en función del agrado que le suponga».
Paliar un problema crucial para el país
Aída Castillejo valoró que la Ley de Vivienda incluye una serie de medidas que «vienen a paliar un problema crucial que tenemos como país», en referencia a la carestía generalizada de la vivienda y, con ello, a la enorme dificultad, especialmente para las personas más jóvenes, para acceder a una. «Pedimos que esas medidas las podamos aplicar los municipios», añadió, «y lo pedimos a todas las administraciones».
La regidora de Rivas recordó que el Ayuntamiento ya está «haciendo un gran esfuerzo con ese Plan Estratégico de Vivienda que prevé la construcción de más de 500 viviendas públicas, y solicitamos lo mismo al resto de administraciones». En concreto, pidió a la Comunidad de Madrid que «deje de boicotear las soluciones y que asuma su responsabilidad». Y al Gobierno central, que «impulse algunas de esas medidas», así como que haya una financiación a los ayuntamientos para que puedan poner en práctica las soluciones que estén en sus manos.
La vivienda como derecho
Por su parte, la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, explicó que, para aportar en la solución a la crisis de vivienda, el Ayuntamiento tiene «los instrumentos que proporciona la Ley [de Vivienda]», pero «la Comunidad de Madrid nos los está negando».
La edil recordó que la petición que en septiembre se hizo a la Comunidad para declarar a Rivas como zona tensionada iba acompañada de un plan que contemplaba «regular y topar» los precios de los alquileres, prórrrogas extraordinarias de los mismos y fomento de los alquileres de larga duración, entre otras medidas.
Manji puso también el acento en «la financiación a los ayuntamientos para que podamos seguir construyendo vivienda pública» como elemento «fundamental», e insistió en la «necesidad de que las administraciones públicas apuesten por la vivienda entendida como derecho».