El tribunal considera que la autorización ambiental concedida en su momento por la Comunidad de Madrid «vulnera normativas esenciales y carece de las garantías exigidas para un equipamiento de esta envergadura».
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un decreto por el que admite a trámite el recurso interpuesto por la Unión Sindical Madrid-Región de CCOO (USMR CCOO), en representación de la “Alianza Incineradora de Valdemingómez No”, contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos Las Lomas, en Valdemingómez.
El sindicato, representando a la Alianza, interpuso esta demanda judicial al considerar que el proyecto vulnera normativas esenciales y carece de las garantías exigidas para un equipamiento de esta envergadura.
La resolución judicial constata que el recurso formulado por el sindicato cumple de forma
estricta con todos los requisitos legales establecidos por la ley y ha ordenado a la
Consejería de Medio Ambiente la remisión de la totalidad del expediente administrativo.
El recurso que ahora se inicia tuvo su origen en el recurso de Alzada que el 20 de octubre
de 2025 interpuso Comisiones Obreras de Madrid, también en representación de la
Alianza.
Los elementos más relevantes
Las ideas mas relevantes del recurso de Alzada son:
1.- En la AAI no se hace referencia a ninguna evaluación de los efectos del funcionamiento de la incineradora sobre la salud de las poblaciones del entorno, en base a la legislación europea. En una sentencia de junio de 2024 el Tribunal de Justicia de la UE recoge que “los Estados miembros están obligados a establecer que la evaluación previa de las repercusiones de la actividad de la instalación de que se trate, tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las personas, debe formar parte integrante de los procedimientos de expedición y revisión de un permiso de explotación de la instalación”.
2.- No se tiene cuenta el importante crecimiento de la población en el entorno. Según recoge el recurso de Alzada las zonas residenciales a distancias reducidas son: Valdecarros, aproximadamente a 1,7 km; el Ensanche de Vallecas, a 2,1 km; Los Berrocales, a 3,9 km; Rivas-Vaciamadrid, a 4,5 km; y Getafe (3,4 km). En un entorno urbano en expansión, una autorización ambiental debe atender a la realidad territorial actual y a la población que razonablemente puede quedar expuesta durante su vigencia. El escrito denuncia que la evaluación no refleja suficientemente la magnitud de los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid.
3.- No se tienen en cuenta sustancias cuyas emisiones nocivas están científicamente reconocidas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citada antes, también establece que, al conceder o revisar una autorización industrial, la autoridad debe considerar no solo los contaminantes previsibles, sino también todas las sustancias cuyas emisiones nocivas estén científicamente reconocidas y que puedan proceder de la instalación, aunque no se evaluaran en la autorización inicial.
4.- La AAI recurrida no hace una evaluación del estado de la instalación. Se limita a introducir las medidas obligatorias según la UE, sin hacer una evaluación del estado de la instalación muy vieja, mal mantenida y con mediciones manipuladas, cómo ya denunció esta Alianza ante la Fiscalía de Medioambiente de Madrid en Abril de 2021. A saber: Foso de residuos sin ventilación; Basura almacenada hasta 30 días, cuando el límite legal de almacenamiento es de 72 h; Fugas de gases tóxicos sin depurar, pues debido a la mala combustión en los hornos, se generan presiones positivas, que fuerzan la salida de gases altamente tóxicos (CO, dioxinas y NOx) por grietas de los hornos, afectando al personal y
descargados a la atmósfera sin tratamiento; Combustión que no elimina las dioxinas, pues la temperatura de combustión, para eliminarlas frecuentemente cae por debajo de los 850oC obligatorios (se han registrado bajadas a 742oC); Irregularidades en el control de contaminantes, el sistema de inyección de carbón activo (utilizado para absorber dioxinas y furanos en las chimeneas) falla frecuentemente y no dispone de un sistema de alerta, para evitar que se prolonguen los fallos; El Sistema Automático de Medición de gases en las
chimeneas, en muchas ocasiones se superan los valores límite de forma muy pronunciada, llegando a producirse una saturación de los medidores, en esos casos se registran dichas mediciones con valores iguales a cero, en lugar del máximo, como deberían.
5.- Por todo ello se exige la revocación de la AAI, por concurrir causas legales suficientes y documentadas y amenaza para la salud y el medio ambiente con el actual estado de funcionamiento de la instalación.
Así mismo se exige que se dicte nueva resolución de la Consejería por la que se adopten, al menos, las siguientes medidas provisionales hasta resolver todos los problemas señalados: Que se mejore la accesibilidad a los valores de emisiones e inmisiones del Sistema Automático de Medición de la planta, mediante una web pública en tiempo real; Que se mejoren las capacidades de las estaciones de control de calidad del aire en el Ensanche de Vallecas y Rivas Vaciamadrid, permitiendo la medición de COVT (Compuestos Orgánicos Volátiles Totales), metales pesados en partículas (Pb, Cd, Hg, As), HCl, HF, Dioxinas y Furanos; Que se cree un Programa de Vigilancia de Suelos en la zona circundante.
Señalan al Ayuntamiento de Madrid como «conocedor» del «estado calamitoso» de la instalación
Además ahora la Alianza añade que el pliego de condiciones del Concurso de 2026 de adjudicación de la Incineradora, que establece una renovación integral de los hornos de la Incineradora, «es un reconocimiento explícito de que el Ayuntamiento de Madrid conocía el estado calamitoso de la instalación. Además el Ayuntamiento utiliza el coste de las inversiones de la renovación, para prolongar hasta 2040 la vida de la Incineradora, lo cual rechazamos».
El retraso en la renovación de la concesión hace que ya se haya alargado un año más la vida de la peligrosa instalación actual, que seguirá funcionando durante muchos años más, aunque sea parcialmente, hasta que se pongan en marcha los tres nuevos hornos.
Desde la Alianza se valora este primer paso judicial de forma muy positiva. «Supone un
respaldo inicial fundamental a los argumentos esgrimidos por la Plataforma en defensa de la salud pública, la protección medioambiental del entorno y la transparencia en la gestión de infraestructuras críticas para la región», explican. Y añaden: «Estaremos pendientes de que la Administración regional remita la documentación íntegra requerida para el proceso y seguiremos adelante con la defensa jurídica del recurso, con el fin de frenar una autorización que pone en riesgo los estándares medioambientales de la Comunidad».

























