El progresivo deterioro de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid es más que evidente. Lo notan sobre todo las personas que necesitan de la sanidad pública en cualquiera de los centros de salud o de los hospitales de la región, o las familias que llevan a sus hijos e hijas a los colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Este deterioro progresivo de servicios esenciales como la educación o la sanidad pública no es una cuestión circunstancial, es parte del proyecto político del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, que sigue viendo oportunidad de negocio donde otros vemos derechos adquiridos por la ciudadanía.

En ese ámbito es en el que se enmarca la huelga indefinida en todos los estamentos de la educación pública, desde la Infantil hasta la universitaria. Dicen en la derecha madrileña que la huelga es una huelga política y tienen razón, porque todas las huelgas lo son, porque todas obedecen a cuestiones que se deciden en el ámbito de la política. El deterioro de la educación pública en la Comunidad de Madrid es una decisión política, es consecuencia de las políticas llevadas a cabo en la región por los sucesivos gobiernos del PP.

La disminución de las ratios en las aulas o la reducción de horas lectivas (que no laborales) en el profesorado es una decisión política que tiene que tomar la Consejería de Educación. También es una decisión política el aumento salarial de los maestros y maestras, que están entre los peor pagados de toda España y que se encuentran además en la comunidad autónoma con el coste de vida más elevado del país.

Una decisión política es poner más o menos recursos para la educación inclusiva y una decisión política es seguir construyendo centros educativos por fases, perjudicando así la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado, que tiene que dar clase entre obras, polvo y ruido.

Tampoco conviene olvidar que es una decisión política mejorar las condiciones laborales de las maestras de Educación Infantil de 0 a 3, que llevan en huelga desde el mes de abril, con la merma que supone esta situación en sus ingresos mensuales.

Y una decisión política es climatizar o no los centros educativos, para adaptarlos al cambio climático y garantizar el confort en las aulas en invierno y en los meses más próximos al verano. Por cierto, esta decisión política sí que la ha asumido el Ayuntamiento de Rivas, que ya ha climatizado nueve centros y que está preparando ya la segunda fase del proyecto, a ejecutar durante el próximo verano.

En definitiva, lo mejor que pueden hacer la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación es dejar de criminalizar al profesorado en huelga y sentarse a dialogar para llegar a acuerdos que sean factibles y que sirvan para mejorar la calidad de la educación pública en la región.

Defender la educación pública es defender a toda una generación que marcará el futuro de la sociedad, es defender la igualdad de oportunidades sin depender de los recursos de los que se disponga. Defender la educación pública no solo es una necesidad, es una obligación.