CCOO denuncia que la reforma de la Justicia dejará sin juzgados a los municipios madrileños

71

El sindicato alerta de que con ésta reforma, la privatización de los Registros Civiles, la Ley de Tasas y la reforma de la Justicia Gratuita, entre otras, el Gobierno está desmantelando, a saldos, el servicio público de la Justicia.

“El Gobierno de Mariano Rajoy sigue en su empeño de intentar desmantelar otro servicio público, en este caso el de la Justicia”, según denuncia el sindicato CC.OO. “Para cumplir su objetivo está llevando a cabo diversas medidas, entre ellas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que altera radicalmente el mapa judicial español al suprimir los actuales Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz y creando, en cada provincia y con sede en su capital, un único órgano judicial de base, los llamados Tribunales Provincial de Instancia”, explica un comunicado hecho público ayer por el sindicato.

En la actualidad existe una sede de Juzgados en cada partido judicial (en la Comunidad de Madrid hay 21 partido judiciales, entre ellos, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Aranjuez, Valdemoro, Arganda del Rey, …) que hace posible la justicia de proximidad para los ciudadanos. Pues bien, si esta reforma se aprueba tal y como recoge el anteproyecto, “este servicio público desaparecerá de todos y cada uno de los municipios que en la actualidad cuentan con una sede judicial, viéndose obligados los vecinos de estas localidades a desplazarse hasta Madrid para resolver asuntos como una reclamación por impago en una comunidad de vecinos; un accidente de tráfico en el término municipal, un divorcio; un problema de herencia, un juicio de faltas por robo, insultos, amenazas, etc”. Incluso las víctimas de violencia de género “se verán obligadas a desplazarse a la capital de la provincia, en éste caso a Madrid, para lograr la protección de un Juez de Violencia”.

CC.OO. recrimina que “con el alejamiento de la justicia el Gobierno pretende disuadir a los ciudadanos de la utilización de este servicio público (sobre todo en asuntos de menor entidad) suponiendo un nuevo encarecimiento de la justicia, ya que la intervención de testigos, peritos, etc, conllevará un gasto adicional, el coste del desplazamiento y, en su caso, dietas”. Junto con la eliminación de la justicia de proximidad (de todos los partidos judiciales y de los Juzgados de Paz) el ministro Gallardón ha anunciando la privatización del Registro Civil en el que la legislación española obliga a inscribir datos relevantes de las personas (nacimiento, defunción, filiación, matrimonios, divorcios, incapacidades) que van a tener posterior trascendencia a lo largo de toda su vida. Además, para acceder a muchos servicios públicos o tener derecho a prestaciones sociales, la ley obliga a acreditar algunos datos mediante certificación de su inscripción que en la actualidad se expiden en los Registros Civiles. A pesar de ello, la pretensión del Gobierno es que este servicio público, hasta ahora universal y gratuito, pase a manos de un colectivo de élite muy minoritario, los Registradores Mercantiles, previo pago de los aranceles que se fijen o mediante una compensación a cargo de los presupuestos.

Todo lo anterior, a día de hoy, “ya es una realidad: tras la aprobación por el Gobierno de Rajoy, el pasado día 4 de julio, del Real Decreto Ley 8/2014, los Registros Civiles pasaran a ser gestionados por Registradores Mercantiles que pasarán a denominarse Registradores Civiles y Mercantiles”, denuncia CC.OO. En la línea de “continuar favoreciendo a sectores privados, el Gobierno privatizará la realización de los actos de comunicación y ejecución (notificaciones, requerimientos, embargos, etc.) para que sean los Procuradores quienes los practiquen incluyéndolos en su factura de honorarios”. En la actualidad estas funciones son desempeñadas por funcionarios sin ningún sobrecoste para el litigante. También entregará a Notarios y Registradores de la Propiedad, “para que sigan aumentado sus astronómicos emolumentos”, la tramitación de determinados asuntos como expedientes de matrimonio y celebración de los mismos; declaración de herederos cuando no haya testamento; separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores, etc.

Y, por si no fuera suficiente, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita es un paso más para dejar sin contenido la Constitución y los derechos y libertades de los ciudadanos, deja sin derecho de defensa a las capas sociales menos favorecidas, perjudica al ciudadano y no atiende las necesidades de un Estado de Derecho que debe garantizar el acceso a la Justicia de todos los colectivos.

Todas estas reformas están precedidas de Ley de Tasas Judiciales, que ya fue aprobada en el mes de noviembre del 2012 y que ha supuesto el co-pago por un servicio público, el de la Administración de Justicia, que ya sufragamos con nuestros impuestos. Una Ley que está impidiendo a miles de ciudadanos acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos e intereses legítimos y, en el mejor de los casos, a jugarse a una sólo carta su reclamación ya que las tasas judiciales para la instancia de recurso sólo están al alcance de los ricos.

CCOO denuncia que, en resumen, “se trate de medidas para desmantelar a saldos el servicio público de la Administración de Justicia, de una vulneración de un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que deja a millones de ciudadanos indefensos y, de paso, pretende llevarse por delante miles de puestos de trabajo”. El sindicato anuncia que llevará a cabo las acciones necesarias, “con los vecinos y vecinas de todos los municipios que se quedarán sin Juzgados, con los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y, en general, con los ciudadanos y ciudadanas, para intentar parar este gravísimo retroceso de derechos”.