Uno de los primeros consejos de Ministras y de Ministros del primer gobierno de Pedro
Sánchez, justo tras prosperar la moción de censura contra la corrupción encarnada en el
Gobierno de Rajoy y ratificada por la Justicia, aprobó un real decreto ley contra pobreza
energética que servía para derogar el cargo que se imponía a los autoconsumidores por la
energía que generaban y consumían sus propias instalaciones. Se derogaba, en definitiva, el “impuesto al sol” y se eliminaban las barreras que dificultaban y desincentivaban la implantación del autoconsumo eléctrico en nuestro país, simplificando los trámites burocráticos y técnicos.

Esta nueva regulación normativa reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte
de uno o varios consumidores, teniendo acceso a alternativas más económicas y  respetuosas con el medio ambiente, lo que ayuda a reducir, en gran medida, el uso de la red pública y a generar una mayor independencia energética, al tiempo que se reducen las emisiones de gases. Esta modalidad de consumo de energía cuenta con un importante valor añadido, que no es otro que la generación de empleo vinculado a la transición ecológica. En definitiva, esta normativa de 2018 sirvió para facilitar el acceso al autoconsumo sin penalizar a la energía solar fotovoltaica, permitiendo así a los consumidores conseguir un cierto ahorro en la factura de la luz.

No ha quedado ahí la cosa. Desde entonces se han ido dando nuevos pasos normativos en el marco jurídico español, con medidas como el reconocimiento de las comunidades energéticas, basadas en la participación abierta y voluntaria y en las que pueden participar no solo las personas físicas, sino también las pymes o los municipios. El objetivo es claro:
promover beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus promotores.

Se hace necesario un cambio de modelo energético global, sustentado en el reconocimiento
del acceso a la energía entendido como un derecho que bien podría encajar en la Constitución Española. Un derecho en manos de las personas y no el oligopolio de las grandes corporaciones actuales.

Este cambio de modelo energético global debe apostar por la sostenibilidad y el empleo de
energías limpias y renovables, reduciendo las emisiones de CO 2 , ganando en calidad
ambiental y protegiendo nuestros entornos naturales, en nuestro caso, el Parque Regional
del Sureste. En este reto, los ayuntamientos como administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos tenemos mucho que aportar y debemos actuar como vanguardia en este
proceso de transición energética, adoptando soluciones y alternativas a las actuales, que sean más eficientes, que nos permitan, además de un ahorro significativo a las arcas municipales, estimular a la ciudadanía y al tejido empresarial para que apuesten decididamente por las energías renovables.

Ya hace tiempo que en Rivas dimos los primeros pasos con la compra directa de la energía en el mercado libre, sin intermediarios, evitando la dependencia de las comercializadoras  de energía. Desde principios de 2018, hemos conseguido ahorrar más de 700.000 euros a las arcas municipales. Se apostó también por la instalación de paneles fotovoltaicos en más de 30 edificios municipales, generando el autoconsumo para nuestras propias instalaciones
municipales, con la consiguiente reducción de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.

Por otro lado, llevamos meses trabajando en la mesa de Energía, en la que trabajamos de
forma transversal las concejalías de Transición Ecológica, la de Hacienda e Innovación y
la de Modernización. En ella, analizamos y estudiamos experiencias y proyectos de comunidades energéticas locales, con el fin de que esta nueva figura organizativa convierta a los consumidores en verdaderos protagonistas. De hecho, el Pleno ya aprobó en su última sesión una declaración institucional en este sentido. Estas comunidades pueden ayudar a
democratizar el sistema energético, no solo en lo relativo a la energía fotovoltaica, sino a
otras como la hidráulica o la eólica.

El Ayuntamiento de Rivas ha participado en el Programa Horizonte Europa, de la UE, cuyo
objeto es apoyar a la transición energética de las ciudades, aportando recursos financieros
para la implementación de sus respectivos planes. El siguiente paso contratar una asistencia técnica para la creación de una oficina de información de la Comunidad  Energética Local para el autoconsumo individual y colectivo en comunidades.