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La Comunidad deja sin definir la responsabilidad de los realojos de la Cañada


Fausto Fernández, en un acto municipal (Foto: Rivas Actual)

Fausto Fernández, en un acto municipal (Foto: Rivas Actual)

El Ayuntamiento de Rivas reaccionó ayer con estupor ante el anuncio realizado esa misma por la Comunidad de Madrid de aprobar y presentar el próximo 9 de mayo el ‘Acuerdo marco sobre la Cañada Real’. El texto definitivo, cuyo contenido se ha filtrado antes a los medios de comunicación que a los ayuntamientos implicados (en el Consistorio, según reconocen en una nota de prensa, el documento se recibió a las 9:45 horas de ayer) no cuenta con las principales aportaciones alternativas presentadas por el Consistorio ripense, ni con la firma de la administración municipal.

La nota de prensa municipal recoge unas declaraciones del concejal de Urbanismo, Fausto Fernández, en las que explica que “Pese a que en los dos últimos años se han realizado numerosas reuniones de trabajo de representantes políticos y técnicos de ambas administraciones, y que durante el mismo periodo tiempo se han manejado varios borradores, el Ejecutivo de Ignacio González parece que ha optado por una operación cosmética que no va a cerrar la ‘herida abierta’ por el mayor asentamiento ilegal y el más grave problema de exclusión social que sufre la región de Madrid”.

La Comunidad se lava las manos

Desde el Ayuntamiento de Rivas se alerta sobre “el gravísimo problema social, urbanístico y de seguridad ciudadana que supone para la Comunidad de Madrid tener desde hace décadas a miles de personas en un asentamiento ilegal en el que la mayoría de sus moradores sufren exclusión social”. “Con este texto”, declara Fernández, “la Comunidad se exime de la responsabilidad de realojar a miles de personas que sobreviven ahora en condiciones indignas y que no van a poder optar a la legalización de sus viviendas porque no disponen de los recursos económicos para hacerlo”.

En el texto alternativo propuesto por Rivas y enviado el pasado 21 de septiembre a la Consejería de Asuntos Sociales y Familia, el Ayuntamiento ripense proponía: “de aquellos residentes que no puedan optar a sus viviendas el Consorcio se responsabilizará de su realojo”. El texto definitivo que ha enviado esta misma mañana la Comunidad al Ayuntamiento, y que elimina la figura del Consorcio, dice en cambio: “La entidad u órgano que proceda procurará un mecanismo de realojo a aquellos residentes censados en su día por la Ayuntamientos, que cumplan los requisitos, pero cuya vivienda no reúna condiciones de habitabilidad”.

Con ello, parecen realizarse los temores que repetidamente han venido exponiendo varios ayuntamientos (pero especialmente el de Rivas) implicados en este largo proceso de solución al problema de la Cañada, en el sentido de que el Gobierno regional buscaría dejar en la indefinición el aspecto crucial de qué institución se debería hacer cargo del realojo de las personas necesitadas. El resultado de ello, según declaraciones realizadas en distintas ocasiones en los últimos años por  las corporaciones locales, sería que los Ayuntamientos terminasen asumiendo en la práctica esa responsabilidad, dado que, entre otras cosas, serían los que sufrirían directamente la presión de los afectados.

La mayoría de los excluidos, en el olvido

“Entonces”, se pregunta el edil de Urbanismo de Rivas, “¿quién va a reubicar a los que no cumplan con los requisitos? ¿Y quién se ocupará de los que reuniendo los requisitos y pudiendo legalizar su vivienda no dispongan de recursos para hacerlo?”. Y concluye: “¿Ha pensado la Comunidad responsabilizarse de la situación de miles de personas que no están censadas por los ayuntamientos y que se han asentado en los márgenes de los 70 metros de ancho que ocupa la antigua pecuaria”. El Ayuntamiento de Rivas entiende que la Comunidad ha preferido atender las necesidades de una parte de las personas que habitan la Cañada Real, muchos de los cuáles son propietarios de chalés ilegales. “Esto es pan para hoy y hambre para mañana”, resume Fausto Fernández.

De las 293 familias que han sido censadas en la parte de la Cañada Real que corresponde a Rivas (sectores IV y V) el 27’6% son beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción; el 13’6% la ha solicitado y se la están tramitando y el 8’8% recibe ayudas de los Servicios Sociales  de Rivas, según datos facilitados en la nota de prensa municipal. De acuerdo con los informes realizados por los mismo Servicios Sociales, 700 de las 1.132 personas que están censadas en la Cañada ripense sufren en distinta medida situaciones de exclusión social. Con estos datos en la mano parece difícil que estas familias dispongan de la capacidad económica para comprar el suelo y adecuar sus viviendas a las condiciones que exija su legalización.

El Ayuntamiento ripense “lamenta la forma en la que la Comunidad de Madrid ha gestionado este conflicto y se reserva la capacidad de defender los derechos tanto de su ciudadanía,que ha tenido que convivir durante décadas con un grave problema social a la puerta de sus casas, así como los de las personas que están malviviendo allí y ven vulnerados a diario sus derechos fundamentales”.

Escrito por en 25/04/2014. Archivado en 0Destacadas,En Rivas,Gente. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.