El Gobierno de Rivas Vaciamadrid ha modificado con los votos de IU, Podemos y PSOE las Ordenanzas Fiscales para el 2022, ocasionando con ello un perjuicio a los vecinos ya que las nuevas condiciones establecidas son restrictivas y hacen prácticamente imposible o irrisoria la bonificación para la mayoría de la ciudadanía.

El Pleno de Rivas Vaciamadrid, en sesión extraordinaria, aprobó una modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año, que supondrá un perjuicio para los vecinos porque contempla una disminución de las bonificaciones que se aplican en el IBI y en el ICIO para quienes instalen sistemas de aprovechamiento de la energía solar y en el IVTM para vehículos menos contaminantes.

Este equipo de Gobierno que se hace llamar ecologista y verde, con estas nuevas ordenanzas que se han aprobado, perjudica a los vecinos de Rivas y desincentiva la apuesta por las energías limpias y la movilidad eléctrica. Con esto ha quedado demostrada la hipocresía y la falta de compromiso real de este Gobierno de izquierdas con el cambio de modelo energético.

En el caso de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, hasta ahora se contemplaba una bonificación del 50% durante 5 años para quienes instalaran sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar fotovoltaica. Con esta modificación de la ordenanza para el próximo año, se reduce de 5 a 3 años el tiempo que los vecinos podrán
beneficiarse de la bonificación.

También se introduce el valor catastral de la vivienda como condición para acceder a la bonificación, se establecen unos porcentajes en función del valor del inmueble y unos topes máximos que limitan la bonificación anual. La bonificación varía entre el 50%, el 30% y el 20%, excluyendo de este derecho a las viviendas cuyo valor supere los 300.000€. ¿Acaso estas personas no pagan sus impuestos en Rivas y contribuyen a que otras viviendas puedan beneficiarse de bonificaciones? Es un agravio hacia ellas.

El Ayuntamiento sabe que estos inmuebles disponen del espacio necesario para instalar placas fotovoltaicas, y directamente los excluye del derecho a solicitar la bonificación. Pensará que son vecinos ricos, que solo tienen el deber de pagar uno de los IBI más altos de la Comunidad de Madrid, pero no tienen derecho a recibir una bonificación, como el resto de los ripenses que instalen placas fotovoltaicas.

A las viviendas cuyo valor catastral se encuentre en el tramo de 200.000€ a 300.000€, se les bonifica con solo un 20% que a su vez es disminuido al establecer un tope de 150€ anuales como límite máximo de bonificación. La mayor bonificación, la del 50%, se contempla en los inmuebles con un valor catastral de 35.000€ a 149.999€, que son las que probablemente tendrán dificultades para colocar placas solares por una cuestión de falta
del espacio necesario para acometer la instalación o tratarse de viviendas en altura. El Ayuntamiento contempla unas bonificaciones a sabiendas de que no van a ser solicitadas.

En el caso de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, empeoran las bonificaciones que se daban hasta ahora a los vehículos con distintivo medioambiental 0 y ECO de la DGT. Para los vehículos con distintivo medioambiental 0 en la DGT, la bonificación era de por vida y ahora se limita a 5 años. En el caso de los vehículos con distintivo medioambiental ECO, la bonificación que era por 5 años, ahora se reduce a 3 años. Además, la bonificación para estos últimos nos parece insuficiente. La ordenanza contempla un 60% de bonificación mientras municipios como Las Rozas, que acaba de aprobar sus ordenanzas, bonifica un 75%.

El problema real que subyace en la modificación de las ordenanzas fiscales, es la falta de ingresos que prevé el Ayuntamiento en los próximos meses como resultado de haber suspendido las licencias de construcción.

Esta es la consecuencia que se les olvidó explicar a los vecinos cuando les pidió que  votaran en esa consulta ilegal para paralizar el crecimiento del municipio. En su incoherencia, lo siguiente será comenzar a cobrar a los vecinos que hacen uso del servicio municipal de recarga para vehículos eléctricos.