Hoy nos encontramos un Consejo General del Poder Judicial que se ha declarado en rebeldía y se niega a ser sustituido. Lleva casi cinco años pendiente de renovación y no quieren someterse al mandato constitucional que les obliga a cesar cada cuatro años. O sea, que llevan con su mandato caducado más años de los que les correspondían estando en vigencia.

Pero ahora nos encontramos, igualmente, con un Tribunal Constitucional en el que ocurre lo mismo: hay cuatro jueces que llevan seis meses con su mandato caducado, los dos que tendrían que ser sustituidos primero, ya están nombrados los sustitutos por el Gobierno, pero los actuales se niegan a cesar.

Y todo esto obedeciendo la estrategia política del Partido Popular que, entendiendo que el poder solo les corresponde a ellos y como las urnas no les han otorgado la mayoría necesaria, desautorizan al Gobierno elegido por mayoría de los votos y constituido según los criterios que marca la Constitución. Y, además, le acusan de ser ilegítimo, sin argumentos de ningún tipo y respaldándose únicamente con insultos, mentiras y descalificaciones.

Se da la circunstancia de que en estos días las Cámaras tenían que aprobar varias reformas de leyes con las que el Partido Popular y la derecha en general no estaban de acuerdo. En connivencia con los magistrados del Tribunal Constitucional, presentan un recurso con definición de cautelar (cautelarísimo), para que el TC impida al Senado, que tendría que ratificar las reformas ya aprobadas por el Congreso, que las vote y, presumiblemente, las apruebe ya que disponen de las mayorías suficientes.

El TC, que normalmente tarda meses o años en convocar sus sesiones de Plenario (este es el caso de Alberto Rodríguez de Unidas Podemos, a quien tendrían que restituirle su acta de diputado, y lleva un año esperando), en esta ocasión se reúnen a las veinticuatro horas y deciden ‘hurtar a los representantes elegidos por el pueblo que ejerzan la tarea de legislar’, que es para lo que fueron elegidos.

Según destacados juristas, como José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo: «Se trata de una decisión inédita, incompatible con la división de poderes y con el rango máximo del poder legislativo». Tomás de la Quadra Salcedo, exministro de Justicia: «Adoptar una medida cautelarísima supone una interferencia de un poder en otro». O Ignacio González Vega, también Magistrado: «El Senado se encuentra privado de la posibilidad de votar una proposición de ley. Es inaudito, un mal precedente». Todos coinciden en que este es un hecho sin precedentes a lo largo de toda la democracia, que no ha ocurrido ni en España ni en ningún otro país de Europa: que se admita a trámite la petición de suspensión cautelarísima del ejercicio de su función de los diputados y/o senadores; mucho menos, que se sancione previamente una reforma antes de ser aprobada. Que se desoigan las recomendaciones de los letrados asesores del Tribunal Constitucional, así como el dictamen de la Fiscalía del Estado y las recomendaciones de la Unión Europea, no ha ocurrido nunca.

Pero la sinrazón llega a su máxima expresión cuando entre los jueces del Tribunal Constitucional que han votado estas resoluciones, hay dos cuyo mandato está caducado desde hace seis meses, los dos sustitutos ya están nombrados por el Gobierno, pero ellos se niegan a cesar. Más irracional es aún que una de las reformas que han votado, por supuesto rechazándola, es su propia sustitución, a pesar de estar recusados por dos partidos al menos. Tomás de la Cuadra Salcedo opina: «Tradicionalmente, toda persona recusada se abstiene de participar en las votaciones». En el mismo sentido coinciden el resto de los juristas a los que hemos podido tener acceso.

Respecto a todo ello, la mayoría de los juristas de prestigio ya se han pronunciado sobre las sucesivas aberraciones que se están cometiendo: no se debería haber admitido a trámite el ‘recurso cautelarísimo’ del PP, una propuesta del Gobierno no se interviene o presupone que vaya a ser mala o buena, antes de ser aprobada; ni el Pleno del Tribunal Constitucional tendría que haberse reunido con una celeridad nunca vista, porque todo requiere de consultas, estudios y tiene los plazos preceptivos; el TC no está legitimado para suspender la actividad de cualquiera de las Cámaras, el TC solo está para interpretar las leyes y su adecuación con la Constitución; no existen precedentes de que una Ley sea suspendida antes de que sea aprobada y/o promulgada; tampoco que el Alto Tribunal desoiga las recomendaciones de sus letrados asesores o los de la Unión Europea y, mucho menos, un dictamen de la Fiscalía General del Estado en contra; ni de que se llegue a la desfachatez de que los propios magistrados que tienen que cesar voten su continuidad en sus cargos, y menos aún estando ya caducados desde hace seis meses. Y todo ello, obedeciendo las directrices del Partido Popular. ¿Dónde está la independencia del tercer poder del Estado?

Según declaraciones publicadas por muchos prestigiosos juristas, algunos ex-miembros de esos altos tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Constitucional, quedan seriamente afectados en su supuesta ecuanimidad y prestigio. Su actuación ‘de parte’ no tiene precedente y, desde luego, no tiene justificación jurídica, ética, ni moral.

¿Con qué autoridad esos tribunales, y por extensión todos los demás, pueden exigir a cualquier ciudadano que cumpla sus obligaciones, que cumpla con los preceptos de la Constitución? Han dejado bien evidenciado que los primeros que no cumplen son ellos mismos.

De todas estas actuaciones, inéditas hasta ahora y erráticas según los expertos, se desprenden varios cuestionamientos: ¿Es que los jueces son como dioses?, ¿cuántos delitos están cometiendo con sus actuaciones?, ¿quiénes tienen que determinar cuáles son esos delitos y quienes tienen que juzgarlos? Está claro que han vulnerado el mandato de la Constitución, cuando se han negado a ser sustituidos. Lo han hecho al desatender su ‘supuesta’ ecuanimidad y ponerse al servicio de un partido político, acatando sus directrices estratégicas y sus órdenes por encima de los preceptos constitucionales. Se han saltado todas las prácticas de estos tribunales en cuanto a los tiempos, indefensión de una de las partes, etc. Se han extralimitado en sus competencias, dictaminando y situándose por encima de la decisión expresada en las urnas por el pueblo soberano. Se han otorgado el derecho a prorrogar sus mandatos ‘sine die’ contrariamente a lo que establece la Constitución, etc.

Si han cometido delito, y aparentemente lo han hecho de manera reiterativa, consciente y con alevosía, necesariamente tendrán que pagar por ello. De no ser así, la convicción que nos queda a todas/os es la de que ‘si la justicia, y la democracia por extensión, ya estaban bastante perjudicadas, su credibilidad ha llegado a las cotas más bajas…’.