Así se decidió ayer en el Pleno municipal al aprobarse, con el voto en contra de toda la oposición, la propuesta del Gobierno local de situar el tipo en el 30%, máximo permitido por la ley. Se trata del tipo más comunmente adoptado por los municipios, tras los cambios en la legislación respecto a la tributación por las plusvalías obtenidas en la venta de terrenos e inmuebles.
Rivas tendrá en este ejercicio el tipo más alto, el 30%, con que la ley permite a los ayuntamientos gravar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto sobre la plusvalía. El Pleno municipal así lo aprobó ayer con los 14 votos a favor de los tres partidos del Gobierno local (IU-Equo-Más Madrid, PSOE y Podemos, con el concejal José Manuel Castro, de IU, y la concejala Amaya Gálvez, de Podemos, de baja por enfermedad) y con los 9 votos en contra del resto de grupos.
Hasta ahora en Rivas se imponían dos tipos diferentes: el 25% para los terrenos vendidos con hasta cinco años de diferencia respecto a la fecha de compra; y el 20% para el resto. La nueva legislación que el Gobierno central ha tenido que poner en marcha, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que le obligaba a ello. Esa nueva normativa corrige la anomalía fiscal subyacente en la existente con anterioridad. Con aquella, la tributación era obligada también en los casos en que no existía beneficio, sino que se vendía por importe menor al de la compra. El Tribunal Constitucional reparó esa anomalía, pero con ello los ayuntamientos dejarán de percibir una cuantía que la mayor parte de ellos consideran que será importante.
En esa merma de ingresos basaba la concejala de Hacienda en funciones, Aida Castillejo, la propuesta del Gobierno local de elevar el tipo impositivo hasta el máximo permitido: «tenemos que ser prudentes y preservar la sostenibilidad financiera del municipio». Con todo, la concejala explicó también que se trata de elevar el tipo al máximo para cubrir unas mermas en los ingresos que aún se desconoce a cuánto alcanzarán, pero que se prevén importantes. En ese sentido afirmó que la intención del Ejecutivo local es reconsiderar esta medida en futuros ejercicios en función de cómo se desenvuelva el capítulo de ingresos por este concepto. El Alcalde, Pedro del Cura, sostuvo el mismo argumento en una intervención en apoyo a la concejala. Castillejo recordó también que «la mayor parte de los municipios están adoptando el mismo tipo máximo» y citó casos como el de Torrejón de Ardoz, «gobernado por el PP, pero que también ha aprobado el tipo del 30%». Asimismo, señaló otros ejemplos en los que la diferencia es mínima, como el de Madrid, donde el Ayuntamiento de la capital ha situado el tipo en el 29%.
La oposición, en contra al completo
Por su parte, todos los grupos de la oposición, al igual que los concejales no adscritos, se mostraron en contra de la medida al considerar que al tener el Ayuntamiento la potestad de fijar el tipo impositivo en una horquilla relativamente amplia, no había por qué elegir el extremo más alto de la misma.
No aceptaron los grupos opositores los argumentos basados en la «prudencia económica» esgrimidos por el Gobierno y tildaron la medida poco menos que de «confiscatoria». El Partido Popular, en una nota de prensa posterior al Pleno, dio a concoer su postura en unas declaraciones de su portavoz, Janette Novo: «Sabemos que los ayuntamientos dejarán de percibir unos ingresos considerables porque hay supuestos de no sujeción en los que no se podrá cobrar la plusvalía, pero desde el Partido Popular no podemos poner a los ayuntamientos por encima de los ciudadanos».
Novo concluía en su declaración que «Subir del 25% o del 20%, según los casos, al 30%, que es el máximo establecido por ley, nos parece un aumento de la presión fiscal con el que no estamos de acuerdo”.
