Aprobada la cesión de derechos de superficie a las tres cooperativas de ‘senior cohousing’ ganadoras del concurso municipal Cohabita Rivas

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Miembros de La Corrala de Rivas, en junio de 2021, delante de una de las parcelas que la EMV pondrá a disposición de los proyectos de 'senior cohousing' (Foto Kike Ayala/RIVAS ACTUAL)

La cesión se realiza por 75 años y da derecho a las cooperativas La Corrala de Rivas, Cosmos y Taray a construir alojamientos para personas mayores en régimen de vivienda colaborativa.

El Pleno municipal ha aprobado hoy la cesión del derecho de superficie sobre tres parcelas, ubicadas en el barrio de La Luna, a las tres cooperativas (Cosmos, La Corrala de Rivas y Taray) que ganaron el concurso para construcción de viviendas colaborativas para personas mayores denominado Cohabita Rivas.

La cesión del derecho de superficie se realiza por un plazo de 75 años, durante los cuales los adjudicatarios del derecho pueden hacer uso de las viviendas construidas sin trabas, e incluso ceder ese derecho como herencia. Pero al final del plazo, si no hay en ese momento ninguna prórroga legal que se lleve a cabo, las construcciones revertirán, con todas sus instalaciones, al Ayuntamiento.

Con este acuerdo se abre el camino para la escrituración de dicho derecho de superficie por parte de las tres cooperativas y, con ello, la obtención de la licencia de obra para comenzar las mismas. Termina así un largo periodo en el que Cosmos, Taray y La Corrala de Rivas han tenido que ir cumpliendo los diferentes requisitos que el Ayuntamiento (con diferentes equipos de gobierno a lo largo de los años) ha ido poniendo.

Una larga espera

Fue en 2019 cuando la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas desarrolló el proyecto Cohabita Rivas, que buscaba dar una respuesta a la necesidad, planteada por las tres cooperativas mencionadas, de construir un modelo de viviendas colaborativas alternativo a las residencias para personas mayores, ampliamente mayoritario en España hoy por hoy.

Antes de la creación de ese proyecto, los grupos de personas que decidieron fundar las tres cooperativas ya llevaban tiempo buscando la forma de hacer realidad lo que consideraban el sueño del final de su vida: vivir con determinados tipos de atención, y en condiciones de dignidad e independencia, la última parte de sus vidas.

Además, la llegada de la pandemia del coronavirus, en 2020, provocó un parón en la tramitación del proyecto. Eso llevó a que el concurso que la EMV organizó para ver qué grupos se hacían acreedores de la cesión del derecho de uso del suelo para la constitución de sus viviendas, se paralizó. No fue hasta 2021 que se publicaron las bases de dicho concurso, y solo en junio de 2022 se resolvió éste con la calificación de las tres cooperativas como capacitadas para el desarrollo de sus respectivos proyectos. El Pleno municipal resolvió, en ese mismo mes, la declaración de interés social de los tres.

Todavía transcurrió un año más, julio de 2023, cuando las tres cooperativas se constituyeron como adjudicatarias de las tres parcelas que el Ayuntamiento cedería. Ahora, seis años después, se adjudican las tres parcelas y, de alguna forma, termina la intervención municipal y comienza la labora de construcción por parte de las cooperativas. La concejala del PSOE Pilar G. Alonso lamentaba en el Pleno de esta misma mañana el largo plazo que ha transcurrido y recordado que «algunas personas» que formaron parte de las tres cooperativas «ya no podrán verlo hecho realidad», debido a su fallecimiento.

Dudas de la oposición

La oposición ha expuesto sus dudas respecto al proyecto, en el sentido de que no ha considerado que sea «la solución» al problema del envejecimiento de la población y a la consiguiente necesidad de atención a personas mayores.

No obstante, sí han apoyado los proyectos de vivienda colaborativa como solución parcial, tildándola en algún caso de «parche» a lo que, en el caso de Vox, es la falta de solución por parte del Estado. La concejala del partido ultraderechista no ha mencionado que la competencia en materia de servicios sociales, y específicamente los relacionados con la dependencia, están transferidos a las comunidades autónomas.

En ese sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento tiene cedida desde hace años una parcela a la Comunidad de Madrid, para la construcción de una residencia de mayores de gestión pública. Hasta el momento, el Ejecutivo regional se ha negado a recepcionar dicha parcela, llegando a declarar explícitamente que no considera necesaria la construcción de dicha residencia en Rivas.

Finalmente, las cesiones del derecho de superficie han sido aprobadas con 15 votos a favor de los grupos IU-MM-VE, PSOE y la concejala no adscrita y la abstención del PP y Vox.