Hay muertes que duelen. Y hay muertes que, además, nos obligan a preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo. La muerte de Maricarmen ha producido tristeza, rabia y, sobre todo, una profunda sensación de injusticia a una gran mayoría de nosotros y nosotras.
Una mujer de 87 años que había vivido durante 71 años en su casa terminó siendo expulsada de ella. La imagen de aquella mujer sacada en camilla de su vivienda permanecerá en la memoria de muchos de nosotros. Después llegaron las protestas, la acampada de la Puerta del Sol, las movilizaciones por toda España y una discusión política que colocó la vivienda en el centro del debate. Pero Maricarmen murió ayer, sin haber podido regresar a su casa.
Pero hay algo que quizá no debemos olvidar entre la tristeza y la indignación: Maricarmen no estuvo sola. Y eso es importante.
Porque frente al poder del dinero, frente a quienes convierten la vivienda en un activo financiero antes que en un derecho, frente a los intereses económicos que parecen tener siempre abogados, recursos y capacidad de influencia, existe otro poder. Un poder que no cotiza en Bolsa, que no aparece en las cuentas de resultados y que no pertenece a ningún fondo de inversión. El poder de la ciudadanía organizada.
Durante demasiado tiempo hemos escuchado que las cosas son como son. Que el mercado manda. Que no hay alternativa. Que las leyes son las leyes y que poco puede hacerse frente a quien posee una vivienda, una empresa o un enorme patrimonio. Pero la historia demuestra justamente lo contrario.
Los grandes avances sociales nunca fueron regalos concedidos espontáneamente por quienes tenían el poder. El movimiento obrero, el feminismo, las asociaciones vecinales, las organizaciones de consumidores, las plataformas por la sanidad pública, los movimientos ecologistas o los movimientos por el derecho a la vivienda han conseguido transformar realidades porque hubo personas que decidieron organizarse y decir que aquello que se presentaba como inevitable no lo era. Eso es la participación ciudadana.
No consiste solamente en votar cada cuatro años. La democracia también está en la calle, en una asociación, en una plataforma, en una concentración, en una asamblea, en quienes acompañan a una persona que va a ser desahuciada, en quienes ponen su tiempo y su esfuerzo al servicio de una causa que consideran justa. Por eso el caso de Maricarmen ha conmocionado tanto.
Porque su historia nos ha colocado delante de una contradicción insoportable: una mujer de 87 años puede tener todos los papeles en regla y, sin embargo, acabar expulsada de la casa en la que había vivido prácticamente toda su vida. La propiedad puede tener derechos, los tribunales pueden dictar resoluciones y las instituciones pueden actuar dentro de sus competencias. Pero una sociedad democrática también tiene derecho a preguntarse si el resultado final es justo. Y tiene la obligación de hacerlo.
La ciudadanía organizada no sustituye a las instituciones. Las interpela. Las vigila. Las empuja. Eso es precisamente lo que ha ocurrido estos días.
Una mujer desconocida para la inmensa mayoría de los españoles se convirtió, sin pretenderlo, en el rostro de un problema que afecta a millones de personas: el acceso a una vivienda digna. Su caso hizo visible algo que muchas familias jóvenes, trabajadores, personas mayores y quienes viven de alquiler conocen desde hace tiempo: que cuando la vivienda se convierte fundamentalmente en un negocio, hay personas que terminan pagando el precio. Y cuando ese precio lo paga una mujer de 87 años, algo dentro de nosotros se rebela.
No deberíamos necesitar que una tragedia nos sacudiera para reaccionar. Pero cuando sucede, al menos deberíamos escuchar lo que esa reacción colectiva nos está diciendo.
Por eso hoy pienso en Maricarmen y pienso también en quienes han salido a la calle después de conocer su historia. En quienes han pasado noches en la Puerta del Sol. En quienes han acompañado, protestado, organizado y levantado la voz. En quienes quizá nunca habían participado antes en una movilización y han descubierto que, cuando muchas personas se unen, aquello que parecía imposible empieza al menos a ser discutible. El poder necesita que pensemos que no podemos hacer nada frente a él. Y cada vez que una sociedad se organiza, demuestra que eso no es verdad.
Maricarmen no consiguió volver a su casa. Esa es la parte más dolorosa de esta historia. Pero consiguió algo que quizá nunca imaginó: que miles de personas comprendieran que aquella no era solamente su batalla. Era la nuestra. Y ahora nos corresponde decidir qué hacemos. Porque llorar a Maricarmen es justo. Recordarla es necesario. Pero quizá el mejor homenaje que podemos hacerle sea no quedarnos mirando.
Que su muerte no sea el final de una protesta, sino el principio de una ciudadanía más consciente de su fuerza.
Porque frente al abuso del poder y del dinero, la participación ciudadana organizada sigue siendo nuestra mejor defensa.