El sindicato recuerda que la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales de considerar como una vulneración de la Carta Social Europea la negación del suministro eléctrico a los sectores 5 y 6 de la Cañada, no ha sido atendida, ya que «a fecha de 2025, no disponemos de información verificable que permita afirmar que la situación haya sido puesta en conformidad con la Carta».
Comisiones Obreras (CCOO) envió el pasado 9 de diciembre una carta, firmada por su Secretario General, Unai Sordo, dirigida a los miembros del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la que informa de que «a fecha de 2025, no disponemos de información verificable que permita afirmar que la situación» en la Cañada Real «haya sido puesta en conformidad con la Carta [Social Europea]».
El sindicato se refiere a la decisión adoptada por el Comité Europeo de Derechos Sociales en la reclamación colectiva n.º 206/2022, de reconocer como válidos los argumentos de la reclamación colectiva que varias entidades, entre ellas CCOO, habían interpuesto, con la que pedían que se valorase si el corte prolongado de suministro eléctrico a los sectores 5 y 6 de Cañada Real suponían una vulneración de la Carta Social Europea de Derechos.
En la misiva, el sindicato español afirma, además, que no le consta que «exista un conjunto de medidas efectivas, inmediatas y evaluables que aseguren la restauración estable del suministro u otras soluciones equivalentes capaces de garantizar, sin dilaciones indebidas, el disfrute real de los derechos concernidos mientras se articulan soluciones estructurales».
Abunda CCOO en que «no hemos recibido constancia oficial y documentada de un plan de cumplimiento dotado de calendario cierto, garantías de ejecución y mecanismos de verificación suficiente para permitir una valoración positiva del progreso en términos de efectividad real de los derechos sociales implicados, manteniéndose, a nuestro juicio, la dimensión de urgencia ya apreciada por el Comité Europeo de Derechos Sociales».
En la carta, la confederación sindical solicita que «esta comunicación sea puesta en conocimiento de las delegaciones participantes y que, en el marco de sus competencias, se valore la conveniencia de adoptar una recomendación dirigida a España que refleje con claridad la necesidad de medidas inmediatas, eficaces y verificables encaminadas a asegurar el acceso efectivo a la electricidad en los sectores afectados, o soluciones equivalentes de protección real de los derechos, con plazos definidos y con información pública y contrastable que permita un control institucional objetivo del progreso».