El Gobierno central destina dos millones de euros a Rivas para realojos de la Cañada

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Viviendas de la Cañada junto a la Avenida Víctimas del Terrorismo (Foto archivo RIVAS ACTUAL)

Así lo aprobó ayer, martes, el Consejo de Ministros en un decreto que especifica que los fondos se deberán destinar a «realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana». Otros tres millones se destinan, para el mismo fin, al ayuntamiento de Madrid.

Dos millones de euros es la cantidad que llegará directamente desde el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. El propósito de esos fondos queda definido en el decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y que especifica que deberán destinarse a «realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana».

El decreto presentado por el ministerio que preside Ione Belarra destina un total de 5 millones de euros a los ayuntamientos de Madrid capital y de Rivas Vaciamadrid. De esos cinco millones, tres van a la Corporación madrileña y otros dos a la ripense. El texto del decreto especifica también que «La subvención se financiará con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 para el año 2021, que asimismo será el órgano encargado de realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas».

«Insuficiente» cumplimiento de los acuerdos del Pacto de la Cañada

El decreto menciona el informe que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos hizo tras su visita a la Cañada Real en 2020 y en el cual alertaba sobre «la situación de extrema precariedad en la que viven las personas que residen en dicho asentamiento informal, poniendo de manifiesto el insuficiente desarrollo de los compromisos adquiridos en el marco del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana».

El ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 toma en cuenta estas consideraciones, así como los contenidos del Pacto Regional de la Cañada, y sobre esa base dicta el decreto justificándolo por «la situación de extremada y urgente necesidad de ofrecer soluciones de emergencia a familias en situación de particular precariedad social residentes en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana».