Asegura que le han trasladado testimonios de familias que han recibido «presiones y amenazas» para no aceptar el realojo en viviendas ubicadas en otros lugares. Fuentes de las asociaciones convocantes de la manifestación de este próximo domingo acusan al Ayuntamiento de llevar a cabo una «campaña de desalojos forzosos».
El Ayuntamiento de Rivas hizo público ayer un comunicado en el que denuncia la existencia de «presiones y amenazas» sobre «familias de la Cañada Real que han renunciado recientemente a su realojo» en viviendas adquiridas a tal fin, bien sea por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (EMV) o por otras entidades firmantes del Pacto Regional de la Cañada Real. La Corporación ha anunciado, así mismo, su intención de ofrecer «asesoramiento legal y acompañamiento social a las personas afectadas» y de «personarse, si es necesario, en los procedimientos judiciales que se deriven de estas coacciones».
El Gobierno local explica que «Según han detectado los servicios técnicos municipales, algunas familias han abandonado el proceso de realojo después de recibir visitas intimidatorias en sus viviendas por parte de grupos organizados». En esos encuentros, se les instaba (siempre según el Ayuntamiento) a «rechazar las alternativas habitacionales ofrecidas, con el fin de prolongar su estancia en la Cañada en condiciones precarias y se les recomendaba contratar a un despacho concreto de abogados».
El portavoz del Gobierno municipal, José Luis Alfaro, ha declarado que «No vamos a permitir que el derecho a una vivienda digna se vea vulnerado por amenazas o extorsiones» y ha asegurado que «Vamos a acompañar a las familias que sufren esta situación y a poner recursos municipales a su alcance para que ninguna quede desprotegida».
El Gobierno municipal recuerda que «la legislación actual de la Comunidad de Madrid establece que las familias que rechacen el realojo por la vía preferente no podrán acceder a una nueva vivienda social hasta dentro de 10 años, lo que condena a muchas de ellas sin solución habitacional».
Asociaciones de la Cañada denuncian campaña de «desalojos forzosos»
Por su parte, diversas asociaciones vecinales acusan al Ayuntamiento de llevar a cabo una campaña consistente en la apertura de «centenares de expedientes de demolición que están llegando de forma continuada a las familias de los sectores 4 y 5» de la Cañada, lo cual «ha generado un contexto hostil que busca ejecutar un desalojo forzoso».
Varias asociaciones convocantes de la manifestación prevista para este próximo domingo 6 de abril, representadas por la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, han elaborado un manifiesto, al que ha tenido acceso Rivas Actual, en el que sitúan el conflicto en el marco de «la reactivación de los grandes proyectos urbanísticos de los Desarrollos del Sureste de Madrid (Valdecarros, Ahijones, Berrocales, etc.)».
Esta plataforma y buena parte de las asociaciones que trabajan en la Cañada Real creen que el problema es similar al que en las décadas de 1970 y 1980 afectó a zonas de lo que entonces era la periferia de Madrid capital, como «Orcasitas, Vallecas y otros barrios en construcción». En este sentido, afirman que «Cañada Real no es un problema de ocupación ilegal o delincuencia», sino «un barrio habitado por personas que sufren una grave vulneración de derechos provocada por la omisión continuada y culpable de los poderes públicos».
La plataforma cívica reivindica varios aspectos del Pacto Regional de la Cañada Real, firmado en 2017, entre los que la entidad destaca la obligación de garantizar la participación vecinal en el proceso que dicho Pacto institucionalizaba. Recuerda también que en mayo de 2023 «todos los partidos de la oposición de la Comunidad de Madrid (Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid y PSOE) suscribieron un acuerdo con la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real para sostener y apoyar las peticiones vecinales y, al año siguiente, en verano de 2024, revalidaron este compromiso».
Estas peticiones vecinales han sido especialmente conocidas a través de las protestas, apoyadas por varios sectores sociales y políticos, por el corte de suministro de energía eléctrica que en la práctica supuso, en 2020, la instalación de limitadores por parte de la distribuidora Naturgy. La grave situación a la esta actuación abocó a centenares de familias de la Cañada fue llevada ante el Consejo Social de la Unión Europea, que a finales del pasado año señaló una decena de incumplimientos de la Carta Social Europea y exigió a las administraciones públicas acciones para corregirlos. Esas actuaciones no han sido llevadas a cabo por ninguna de las administraciones, ni el Goibierno de España, ni el de la Comunidad de Madrid, ni los de los Ayuntamientos afectados: Rivas Vaciamadrid y Madrid, fundamentalmante.
Por su especial interés, facilitamos el enlace al comunicado emitido por el Ayuntamiento de Rivas, así como a la última versión (y previsiblemente, la definitiva) del manifiesto elaborado por la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real.
Comunicado Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Último borrador del comunicado de Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real