La forma de ‘liquidar’ el parque de vivienda pública sobrante provoca la primera polémica de la legislatura

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La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) decidió recientemente hacer pública la medida de ofrecer el parque de vivienda pública sobrante de sus últimas promociones de una manera distinta a los procedimientos habituales. En lugar de seguir los múltiples pasos que en el procedimiento normal se siguen, la EMV ha decidido abreviarlo considerablemente y adjudicarlas por orden de nueva solicitud. El PSOE ha hecho pública su disconformidad con el procedimiento.

La delegada del PSOE en el Consejo de Administración de la EMV de Rivas, Mónica Carazo, afirma en una nota de prensa hecha pública por su partido que «agotadas todas las listas de espera parece lógico abrir un nuevo proceso de adjudicación, pero es inconcebible e inadmisible que en este nuevo proceso, la regulación y bases para la adjudicación de viviendas sea según el orden de entrega de las solicitudes».

El parque de viviendas sobrante se ha creado debido a la lentitud con que se tramita el procedimiento, muy garantista, que sigue habitualmente la EMV para proceder a adjudicar las viviendas, con comprobaciones exhaustivas tanto de la veracidad de los datos declarados por los demandantes, como de su capacidad de pago.

Una vez que estas comprobaciones han sido realizadas, se procede al sorteo de las viviendas de una promoción, pero es normal que cuando ese sorteo llega, los demandantes hayan encontrado otra vivienda que les ha interesado más, o bien han sufrido una merma en su poder adquisitivo, pérdida de empleo, traslado de lugar de trabajo, etc. Todas ellas suelen ser causas que hacen que, una vez que el sorteo se ha realizado, muchos adjudicatarios renuncian a la vivienda. Es por eso que fuentes de la EMV consideran que no hay motivos para cambiar los criterios con los que se planifican y construyen las nuevas viviendas, y sí para buscar procedimientos más directos y rápidos que terminen con esa bolsa de vivienda no utilizada que se va creando.

No obstante, el PSOE votó en contra de este procedimiento en el Pleno del Consejo de Administración de la empresa pública argumentando, según Carazo, que «una adjudicación de estas características debe ser un proceso mucho más riguroso y serio».