Denuncia que el Gobierno regional envía a «la casi totalidad de los casos a los hospitales privados», con el «consiguiente desvío de dinero público». La Comunidad de Madrid se sitúa entre aquellas comunidades autónomas en las que menos interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos en España, con menos de un 0,5%.
La plataforma Rivas con la Sanidad Pública ha hecho pública una nota en la que exige que «se aplique la ley» sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Comunidad de Madrid y que se oboligue al Gobierno regional a cumplirla.
La plataforma ciudadana se refiere a las instrucciones del Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho pública su negativa a poner en marcha el registro de médicos objetores para practicar abortos. Este registro, que exige la ley desde 2023, obliga a que exista ese listado, aunque, según reconoce la plataforma de Rivas,»no es público». El incumplimiento de la legislación pone, según Rivas con la Sanidad Pública, «en peligro a las mujeres que quieran ejercer su derecho en un hospital público».
Madrid, una de las Comunidades que menos intervenciones realiza en centros públicos
Las trabas que el Gobierno regional pone en este sentido se unen a la intentona, materializada por el ayuntamiento de Madrid, de exigir a las mujeres que solicitan este servicio que acepten recibir una ‘información’ sobre supuestos riesgos de la operación de IVE. Esta ‘información’ está basada en afirmaciones no científicas, como ya han confirmado diferentes científicos.
Más allá de esto, la Comunidad de Madrid, junto con la de Andalucía, ambas gobernadas por el PP, es de las que menos interrupciones voluntarias reasliza en centros públicos, con menos de un 0,5% de casos, según un informe del Ministerio de Sanidad presentado el pasado 7 de octubre.
Estos datos reflejan que en 2024 se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de las intervenciones en centros públicos de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019.
El informe clasifica a las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en 2024:
- Por encima del 60% en centros públicos: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).
- Entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%).
- Menos del 20%: El resto de las comunidades y ciudades autónomas. Destacan cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.
La actitud de los profesionales de la sanidad pública
Según la plataforma ripense, «Las profesionales de sanidad confiesan que el problema también radica en los Gerentes de los hospitales y algunos jefes de servicio de ginecología, ya que aquel ginecólogo que está dispuesto a cumplir la ley sobre interrupcion de embarazos puede ser amenazado con dedicarse solo a estas intervenciones, por haber hecho pública su disposicion».
Rivas con la Sanidad Pública valora que «En su deriva contra la Sanidad Pública y contra las mujeres, la Presidenta Ayuso dice que quien quiera abortar se vaya a otro lado». Algo que la entidad considera «Un insulto a la inteligencia humana». Es por ello que exige «que se le aplique la ley y la obliguemos a cumplirla».