Aministía retoma el caso de 43 desaparecidos en México en 2014

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Demonstration in Mexico City 3 years after the enforced disappearance of 43 students of Ayotzinapa
Demonstration in Mexico City 3 years after the enforced disappearance of 43 students of Ayotzinapa

43 Ayotzinapa: desapariciones forzadas

Un total de 43 estudiantes que en 2014  viajaban en autobús hacia una marcha de protesta y recuerdo de la matanza de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, en 1968, fueron detenidos por agentes de policía sin que se haya vuelto a saber nada de ellos. Aministía Internacional investigó e hizo suyo el caso. Ahora, el Grupo del Sudeste de esta prestigiosa organización vuelve a ponerlo sobre la mesa.

El término legal “desaparición forzada” puede sonar algo tosco, pero la historia humana que subyace es sencilla: las personas desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho
internacional.

A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a conocerse su suerte. Muchas veces, las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecen.

Vivir en el terror y la incertidumbre

Los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta angustia psicológica, sin saber si su hijo o hija, madre o padre todavía viven, dónde están recluidos ni qué trato reciben. Buscar la verdad puede comportar gran peligro para toda la familia. La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Cada desaparición supone la violación de una serie de derechos humanos, entre ellos:

• Derecho a la seguridad y la dignidad personales
• Derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes
• Derecho a unas condiciones de detención humanas
• Derecho a la personalidad jurídica
• Derecho a un juicio justo
• Derecho a la vida familiar
• Derecho a la vida (si matan a la persona desaparecida o se ignora su
suerte)

Marcha de protesta por el caso de los desaparecidos (Foto Amnistía Internacional)

México

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un padrón oficial, indica que siguen sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34.656 personas (25.682 hombres y 8.974 mujeres). Las cifras reales son más altas, porque la cifra oficial excluye los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas.  e calcula que actualmente hay más de 40.000 personas desaparecidas en el país.

43 de esas desapariciones forzadas tuvieron lugar en Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Oficialmente se sabe que hubo fuego cruzado entre policías y presuntos integrantes de una célula de narcotráfico contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes (de camino a una marcha en repulsa por la matanza de estudiantes de 1968). Después del enfrentamiento,
cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, unos veinte de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron las patrullas a las que los subieron, están desaparecidos desde ese día.

Fue un caso que movilizó a la opinión pública. Sin embargo, no fue suficiente. En un informe de la ONU publicado en 2018 los expertos internacionales echaron por tierra repetidamente la teoría planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan. El informe publicado muestra que la investigación de la PGR implicó múltiples violaciones de derechos humanos. Entre ellas hubo 34 casos de detención arbitraria y tortura, y la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por torturas a manos de miembros de la Armada el 27 de octubre de 2014.

En una reciente reunión con los familiares, el presidente López Obrador y su gobierno se comprometieron a pedir a todas las instituciones a que apoyen los trabajos de investigación y a tener reuniones periódicas con las familias y la Fiscalía. Sin embargo, no toda la experiencia bajo el nuevo gobierno ha sido positiva. La investigación no ha sido transparente y las nuevas instancias
creadas para el caso no han dado todavía resultados positivos.

Responsabilidad

Los responsables últimos de toda desaparición forzada son los gobiernos, y por tanto deben: investigar y procesar a los responsables en un juicio justo; legislar para incorporar la Convención Internacional a la legislación nacional; aplicar la Convención Internacional y aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada; cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional; asegurarse de que quienes han sobrevivido a la desaparición forzada y quienes han perdido a sus seres queridos reciben reparación, que incluya indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.

Toñi Morera
Grupo del Sudeste de Madrid
Amnistía Internacional

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