Ayuso ha decidido subir 600.000 euros de manera unilateral la tasa por el servicio de
extinción de incendios que pagamos los vecinos y vecinas de Rivas. Nuestro municipio
tendrá que abonar 3,6 millones por esa tasa y sigue siendo, además, la única ciudad con
más de 100.000 habitantes sin parque de bomberos.
Todos los municipios madrileños de más de 20.000 habitantes que reciben el servicio
regional de prevención y extinción de incendios contribuyen a su financiación mediante una
tasa calculada en función de su población. Se trata, por tanto, de recursos finalistas que
deben emplearse en mejorar la capacidad de prevención, salvamento y extinción de
incendios.
Sin embargo, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio ha
puesto de manifiesto que entre 2019 y 2023 la Comunidad de Madrid no destinó esos
recursos a las inversiones necesarias. En este periodo la Comunidad de Madrid dejó de
invertir 37,8 millones en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos,
tal y como indica la sentencia.
Desde mayo de 2023 los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid mantienen una
huelga indefinida, porque ya advertían que sin personal, sin recursos y sin prevención, los
incendios, como los de este verano, podrían escalar hasta convertirse en una emergencia
de gran envergadura.
Resulta significativo que apenas unas semanas después de que la sentencia que le obliga a
realizar esas inversiones fuera firme, el Gobierno de Ayuso anunciara una inversión de 37,8
millones de euros para este servicio. Una cantidad que coincide sospechosamente con la
cifra que la justicia considera que dejó de invertirse desde 2019.
Lo preocupante no es sólo el incumplimiento reconocido por los tribunales. Lo preocupante
es quién va a asumir ahora las consecuencias económicas de esa gestión reprobada.
Porque la respuesta del Gobierno de Ayuso ha sido aprobar una subida superior al 13,3%
de la conocida como tasa de incendios a los municipios. Es decir, se incrementa el coste
para los ayuntamientos sin que exista una ampliación del servicio ni mejoras proporcionales en la prestación que reciben vecinos y vecinas.
Hoy el coste pasa de 30,93 a 35 euros por habitante, lo que supone para los y las ripenses
3,6 millones de euros. El importe exigido a nuestra ciudad es similar al que corresponde a
municipios con el doble de población, pese a ser el único municipio con más de 100.000
habitantes sin parque de bomberos, y con un 73% del suelo formando parte del Parque
Regional del Sureste. La presión fiscal en base al coste y el servicio que la ciudadanía de
Rivas recibe no cumple una proporcionalidad adecuada.
El Gobierno de Ayuso pretende que los ayuntamientos paguemos el importe de las
inversiones para la prevención de incendios que la Comunidad de Madrid decidió no
acometer durante años, desviando ese importe a otras partidas. Y lo hace, además, en un contexto marcado por las informaciones sobre la compra de un ático de lujo para la
presidenta y por el oscurantismo que sigue rodeando las operaciones de la empresa pública
Planifica Madrid.
Una vez más, la negligente gestión autonómica acaba traduciéndose en más costes para la
ciudadanía y los municipios. Desde Rivas hemos recurrido esta tasa por considerarla injusta, desproporcionada y porque entendemos que no se ha tramitado respetando
plenamente las garantías legales exigibles. Pero, sobre todo, por una cuestión de
responsabilidad institucional, con la subida de esta tasa hasta los 3,6 millones de euros
¿qué mejoras va a recibir Rivas en materia de prevención y extinción de incendios, si
seguimos sin tener un parque de bomberos?