Amnistía Internacional emplaza a los partidos políticos a asumir 14 medidas en defensa de los Derechos Humanos

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Una pancarta de Amnistía Internacional en una manifestación contra la violencia machista

Las medidas contemplan actuaciones tan diversas como la no utilización de armas «para cometer o facilitar la comisión de atrocidades» o la aprobación de una Ley de Secretos Oficiales que garantice «la transparencia y el acceso a información útil para prevenir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos», pasando por la reforma que permita la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual; dotar de recursos suficientes para la  correcta implementación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; incrementar progresivamente el presupuesto destinado a la sanidad de atención primaria; implementar la ley de vivienda a nivel estatal y autonómico, asegurando el acceso a una vivienda asequible para personas jóvenes; garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación; garantizar transparencia en la aplicación y desarrollo de la Inteligencia Artificial; o el desarrollo de un marco jurídico y normativo antirracista, que garantice los derechos humanos de las personas racializadas.

Aministía Internacional ha hecho pública una Agenda de Medidas de Derechos Humanos que dirige a todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones de mañana, 23 de julio. Con ocasión del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumple en 2023, la prestigiosa entidad considera que la fecha es idónea para plantear «14 medidas concretas de derechos humanos, que pedimos a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales que incorporen en sus programas electorales y les sirva de hoja de ruta en la próxima legislatura».

Agenda de 14 medidas de Derechos Humanos

1. Los derechos humanos marcarán siempre la política del estado. Es necesario garantizar que España, gobierne quien gobierne, siempre cuente con un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluya medidas concretas de política exterior e interior, plazos de aplicación y mecanismos para la participación de la sociedad civil y el control del Parlamento.

2. Los secretos oficiales no ocultarán violaciones de derechos humanos. Se debe sacar adelante una nueva Ley de Secretos Oficiales que garantice la transparencia y el acceso a información útil para prevenir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos.

3. Los derechos humanos deben ser impulsados y protegidos en todo el mundo, en los  foros multilaterales y ante los gobiernos que violan los derechos humanos. España debe ayudar a sostener política y económicamente el sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas, especialmente en el marco de su candidatura al Consejo de DDHH 2025-2027 y de las graves crisis actuales de derechos humanos, como conflictos armados.

4. Es imprescindible que el gobierno proteja a las víctimas de abusos y violaciones y a los defensores y defensoras de derechos humanos, con especial atención al racismo, a la infancia, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas LGBTI.

5. El gobierno debe garantizar que las armas españolas no se usen para cometer o facilitar la comisión de atrocidades, mejorando la evaluación de riesgo de las autorizaciones de exportación, la transparencia y el control parlamentario previo.

6. Las empresas deben respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Es necesario desarrollar, lo antes posible, una regulación ambiciosa de debida diligencia de las empresas en derechos humanos y medio ambiente en España y en Europa.

7. El gobierno debe luchar contra la violencia de género y la violencia sexual, dentro y  fuera de España, y llevar a cabo las reformas legislativas pertinentes para dar  cumplimiento a la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Además, es importante impulsar una ley integral contra la trata,  garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas, así como rechazar y condenar los asesinatos machistas y dotar de recursos suficientes para la  correcta implementación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

8. El gobierno debe afrontar con decisión los efectos del cambio climático y proteger los derechos humanos de las personas afectadas por el cambio climático, apoyando a los países dispuestos a evitar el aumento de la temperatura media del planeta causado por la acción humana.

9. El gobierno debe poner fin a los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y culturales experimentados en España en los años de crisis, garantizando el acceso  universal al derecho a la salud y el derecho a la vivienda. Para ello, es necesario reformar el Real Decreto 7/2018 sobre el acceso al sistema nacional de salud, de manera que no discrimine a personas migrantes en situación administrativa irregular y personas reagrupadas; incrementar progresivamente el presupuesto destinado a la sanidad de
atención primaria (AP) hasta alcanzar al menos el 25%; e implementar la ley de vivienda a nivel estatal y autonómico, asegurando el acceso a una vivienda asequible para personas jóvenes.

10. El derecho a la protesta pacífica debe fortalecerse. Se debe garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, información y reunión pacífica mediante la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y del Código Penal.

11. Ceuta y Melilla deben dejar de ser lugares donde es casi imposible pedir asilo y la  Unión Europea debe revisar y cambiar sus políticas migratorias, de refugio y de salvamento y rescate, incluyendo los acuerdos de cooperación con países como Marruecos y Libia, para garantizar los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

12. Las víctimas de crímenes de derecho internacional y graves abusos contra los derechos humanos y sus familiares tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Se debe garantizar el cumplimiento de la ley de memoria democrática con asignación  presupuestaria suficiente para poder implementar las medidas. También se debe impulsar una ley de “bebés robados” que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias, e investigar lo ocurrido con las personas mayores muertas en residencias durante la pandemia.

13. La tecnología debe seguir a los derechos humanos. Introducir sólidas salvaguardias y garantizar transparencia en la aplicación y desarrollo de la Inteligencia Artificial, prohibiendo expresamente desarrollos y aplicaciones de IA que supongan un alto riesgo para el ejercicio y la protección de los derechos humanos, tales como sistemas de identificación biométrica remota.

14. El gobierno debe desarrollar un marco jurídico y normativo antirracista, que garantice los derechos humanos de las personas racializadas en España en todos los sectores de la sociedad que incluya mecanismos de prevención y protección efectivos.