En un despliegue inusual, en los últimos días se han producido dos visitas de dirigentes destacados del Partido Popular de Madrid a esta ciudad de Rivas. En primer lugar, en un desplazamiento que no nos queda más remedio que considerar particular, Isabel Díaz Ayuso visitó la fábrica de cervezas local La Chula. Ayer mismo, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, mantuvo un encuentro con la dirigente del partido azul local, Janette Novo, que tenía la teórica misión de «analizar la situación de inseguridad del municipio».
Ni Díaz Ayuso ni Serrano tuvieron a bien darse una vuelta por el inacabado CEIP Mercedes Vera (Hispanidad, por nombre oficial) ni por el también inacabado IES Margarita Salas. No acudieron a inspeccionar el estado del no realizado gimnasio del CEIPSO La Luna. Ni siquiera se molestaron en echar un vistazo al estado calamitoso de los barracones que el CEIP Dulce Chacón ha de soportar en su patio, después de años de haberse dejado de usar.
El mensaje que los dirigentes autonómicos del PP lanzan con estas visitas (y también con las visitas que no hicieron) está en la línea de cada uno de los protagonistas: Isabel Díaz Ayuso vino a Rivas a tomar unas cervezas, signo supremo de la libertad tal como ella la entiende; Serrano, más institucional, vino a intentar tapar los signos evidentes de rebelión en la comunidad educativa, a base de desviar la atención hacia otro lado. Una rebelión que no es (remedando el título de la famosa película protagonizada por Sidney Poitiers) «en las aulas», sencillamente porque en Rivas apenas si hay aulas disponibles, ni siquiera para rebelarse.
Recientemente la Alcaldesa y la FAPA Rivas denunciaron el estado de «colapso» que se da en el sector de la educación pública en el municipio. Apenas si quedan 150 plazas en total disponibles para alumnos o alumnas que quieran hacer su próximo curso en la ciudad. Algo que la ley autonómica les concede, en teoría, derecho a elegir.
Se trata de una cifra ridícula para una población que supera desde hace tiempo los 100.000 habitantes. Es lo mismo que ocurre con los centros de salud, que fueron llevados al colapso por el Ejecutivo autonómico antes que los centros educativos, seguramente porque hay más dinero que ganar empujando a la población hacia la sanidad privada, que empujándola hacia la educación privada o concertada.
Desgraciadamente, la modificación legislativa impulsada por el Gobierno central en materia de sanidad dejará sin solución el enorme problema de que una Presidenta de un gobierno autonómico esté por la labor de abandonar la inversión en sanidad pública para desviar todo hacia los centros sanitarios privados. Las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el sentido de que es imposible terminar con los excesos en la llamada «colaboración público-privada» lo hacen temer.
Y también es de temer que pase lo mismo con una también necesaria legislación estatal que refrene los abusos en lo que respecta a la educación. Pero eso, ni siquiera está en el horizonte.
