Las principales centrales sindicales españolas han confirmado su apoyo a la convocatoria de paro. Los motivos que alegan se centran en la incapacidad de los salarios para cubrir las necesidades de vivienda de un alto porcentaje de población, debido al encarecimiento imparable de las mismas.
Los tres sindicatos generales más importantes de España, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación General de Trabajadores (CGT), junto con el Sindicato de Estudiantes (SE) han confirmado ya que llamarán a una huelga general, fijada en principio para el 11 de noviembre próximo, para reclamar que los salarios se ajusten a las necesidades en materia de vivienda. No se han adherido a la convocatoria la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión Sindical Obrera (USO).
Las centrales sindicales convocantes valoran que el incremento imparable de los precios de las viviendas, tanto de compra como de alquiler, ha provocado una situación insostenible para una importante parte de la población. Los sindicatos apoyan, en ese sentido, al movimiento contra el rentismo y en favor de la vivienda suficiente y asequible.
Este movimiento, que se ha expresado de manera especialmente masiva mediante la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, y en manifestaciones masivas el pasado 4 de octubre en varias ciudades españolas, reivindica diversas medidas contra la acción de particulares y ‘fondos buitre’, que se dedican a acaparar viviendas para inflar el precio de alquiler de las mismas. El reciente fallecimiento de Mari Carmen Abascal, la anciana deshauciada de su piso en el barrio madrileño de Retiro tras 70 años de habitarlo, ha supuesto un acicate para este movimiento.
En el terreno político, los partidos de la derecha y extrema derecha, encabezados por PP, Vox y Junts, han rechazado la convocatoria de huelga, alegando que se trata de una convocatoria con motivaciones políticas, y no laborales. Esta valoración, compartida por la patronal CEOE, de ser admitida por un tribunal convertiría la huelga en ilegal.
El Gobierno, por su parte, ha declarado que «entiende» y comparte los motivos de la huelga.