Dos aspectos previos que tienen que quedar claros:

A) ¿Qué son los impuestos?

B) ¿Función de los políticos que elegimos para gestionar las administraciones locales, autonómicas y el país en suma?

Los impuestos (A): Un impuesto es un tributo que las personas y empresas están obligadas a pagar al Estado sin recibir nada a cambio de forma directa. Es decir, no te dan un producto o servicio específico por pagarlo, pero sí contribuyes al funcionamiento de todo el país. Gracias a los impuestos se financia la educación pública, los hospitales, las pensiones, la policía o las carreteras. Por eso, se consideran una de las herramientas más importantes del Estado para organizar la vida en sociedad.

Dicho más fácil: los impuestos son como una “caja común” obligatoria en la que todos ponemos algo de dinero para que el país funcione. No recibimos un beneficio directo por pagarlos, pero sí nos beneficiamos de todos los servicios que hacen posible la vida en sociedad: carreteras, puertos, transporte urbano, ambulancias, semáforos o bomberos (también bomberos forestales).

Por eso, aunque no siempre nos guste pagarlos, los impuestos son esenciales para vivir en comunidad. De lo contrario, no habría forma de financiar los servicios básicos que todos utilizamos a diario.

Los impuestos sirven para:

  • Financiar servicios públicos, como hospitales, colegios o transporte.
  • Pagar los sueldos de médicos, profesores, policías o jueces.
  • Construir y mantener infraestructuras, como puentes, carreteras, presas o aeropuertos.
  • Corregir desigualdades, a través de subsidios, ayudas sociales, pensiones no contributivas, viviendas sociales, atender catástrofes, pandemias, etc.
  • Actuar ante fallos del mercado, como la contaminación o el desempleo.

En definitiva, los impuestos permiten que el Estado y la sociedad funcionen y que
exista cierta redistribución de la riqueza.

Función de los políticos que elegimos (B): La representación es el acto de un  mandatario legislador, el cual ejerce el mandato de personificar, actuar en lugar de
los ciudadanos y en nombre de los mismos, y cuidar y exponer intereses, necesidades y quejas de sus mandantes representados ante un Cuerpo legislativo que trata de reproducir a la sociedad civil; además ha de cumplir las promesas de su programa político por el cual ha sido elegido por sus electores. Todo esto, bajo un sistema que garantice estos  resultados.

El representado puede controlar que el representante cumpla con su mandato; caso contrario, exclusivamente por medio de mecanismos electorales institucionalizados, podrá castigar a su representante mediante una revocatoria del mandato o en las siguientes elecciones no volviendo a elegirle.

El artículo 152 de la Constitución Española se refiere a la organización y funcionamiento de los estatutos de autonomía y los órganos de gobierno en las comunidades autónomas. Las competencias medioambientales (y por tanto la conservación de los bosques y prevención de incendios) son competencia de los gobiernos autonómicos. Se da la circunstancia de que los partidos de ultraderecha y muy de cerca seguidos por la derecha, niegan el cambio climático, en los gobiernos que presiden recortan al mínimo los recursos para proteger el medioambiente.

No todos los políticos son iguales, pero entre los políticos los hay corruptos, mentirosos, aprovechados, etc., como hay esas personas en la sociedad generalizada. Sin que lo segundo pretenda justificar lo primero.

Para gestionar un municipio, una comunidad autónoma o un país, son los partidos políticos los que se postulan. Estos partidos políticos conciben la ordenación de la sociedad de distintas maneras, respondiendo principalmente a la ideología política de cada uno de ellos. Teóricamente, los ciudadanos eligen a uno u otro partido de acuerdo a sus propuestas plasmadas en sus programas electorales. Otra cosa es que una vez que gobiernan, las cumplan.

Por regla general (y salvando todas las distancias), los partidos de izquierdas se vuelcan más en afianzar derechos para la ciudadanía, procurar una mayor calidad de vida para todos/as y redistribuir la riqueza partiendo de lo recaudado mediante los impuestos.

Los partidos de derechas, lo que frecuentemente suelen hacer, es bajar impuestos porcentualmente, con lo que las grandes fortunas siempre salen ganando. De igual manera, llevan a cabo la privatización de muchos de los servicios públicos, precarizando la calidad de los mismos, ya que en la empresa privada lo que prevalece es la obtención de beneficios, y también la minimización de derechos sociales.

En la Comunidad de Madrid, la derecha (a veces con el soporte de la ultraderecha) lleva gobernando más de treinta años. Durante todo este tiempo, el Partido Popular ha ido copando casi todos los puestos y espacios de poder y de toma de decisiones, ha privatizado muchos de los servicios esenciales, como gran parte de la sanidad pública, la escuela pública a través de la escuela concertada, las escuelas infantiles, la formación profesional, etc., la gestión de múltiples servicios de menor calado: la limpieza viaria y edificios administrativos, recogida de basuras, líneas de buses y de metro, parques y jardines, etc.; o los servicios de prevención, como la conservación y mantenimiento de zonas de montes y arbolado.

En estos días nos ha sorprendido la mayor catástrofe medioambiental de los últimos tiempos: los devastadores incendios, que, a fecha de hoy, ascienden a 32 desde el 1 de enero, seis veces más que el año anterior en el mismo periodo, y un total de 150.000 hectáreas arrasadas.

La Comunidad de Madrid (C.M.) es una de las más afectadas por estos desastres. Isabel Díaz Ayuso es la Presidenta. Somos siete millones de habitantes en total y un 51% de la región es masa forestal. Sin embargo, ésta es la región en la que menos presupuesto se dedica a la gestión forestal: 7,5 €/hab., mientras que Castilla La Mancha (por ejemplo) invierte 60 €/hab. (2,1 millones de población). Es decir, Castilla-La Mancha dedica ocho veces más por habitante que Madrid. La realidad de Madrid es que, siendo la comunidad autónoma más rica de España, invierte únicamente 52,7 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, la televisión pública propagandística en Telemadrid tiene un presupuesto de 75
millones de euros, y en el circuito de Fórmula 1 (Madring) se han invertido un total de 51 millones de euros para construir los nuevos pabellones de IFEMA necesarios para el Gran Premio y 83,2 millones de euros para construir el circuito.

No es la conservación medioambiental lo que más interesa, evidentemente. Se da la circunstancia de que los 61 bomberos forestales de que dispone la Comunidad de Madrid, que llevan dos años reclamando más dinero y más medios, regularización de los contratos, abandono institucional…, denunciaron que acudían a sus puestos para ayudar en la emergencia de los incendios, pese a permanecer sin vehículos, herramientas ni órdenes para incorporarse al operativo. En plena crisis, optaron por desplazarse por sus propios medios a los parques para ponerse a disposición de la cadena de mando en cuestión.

Pero la Presidenta Ayuso, esa que soltó la simpleza, una de sus estrategias electorales más comentadas, atajar el cambio climático consiguiendo que “cada balcón de Madrid tenga una planta”. Iniciativa presentada en la campaña electoral de 2023 con la que la dirigente del PP pretendía introducir más naturaleza en patios y azoteas, y que ahora ha reaparecido convertida en símbolo de su política climática. Aunque en esta ocasión (sus asesores) hayan actuado más hábilmente: han pedido al gobierno central que se hagan cargo de la extinción de los incendios en la región, con lo que consigue disimular su falta de recursos, de iniciativa y de capacidad de gestión, trasladar las posibles responsabilidades a Pedro Sánchez, como hace siempre, y presentarse como la ‘lideresa solucionaló todo’ como en
anteriores ocasiones. Muestra de ello es cómo se exhibe en los videos y fotos, con su pantalón cortito y el chalequito con el rótulo de ‘Presidenta’.

Un último apunte sobre la función de las autonomías, aunque pueda sonar poco correcto políticamente para algunos: probablemente es muy importante el papel que están cumplen en muchos aspectos, pero quizás fuera bueno ‘echarle otra pensada’ a lo que nos cuesta su sostenimiento, además del dinero que se escamotea. También habría que plantearse  algunas de las competencias delegadas: sanidad, educación, medioambiente, vivienda… No parece coherente que se apliquen criterios distintos respecto a estos temas en cada comunidad autónoma. Además de lo urgente de hacer un verdadero control y seguimiento del uso que los gobiernos regionales dan a las partidas dinerarias específicas que el
gobierno central les transfiere.

Vienen tiempos de austeridad, tiempos propicios para repensar muchos temas…, y
estos son algunos de ellos.

Nota: La Ley de Montes de 2003, obliga a los propietarios de suelos rústicos (fincas, montes…) a limpiarlos para prever posibles incendios. De no hacerlo, las comunidades autónomas están obligadas a elaborar planes y asumirlo, repercutiéndolo después a los propietarios.