El alcalde de Rivas denuncia que las políticas del Gobierno regional alientan las protestas de vecinos de la Cañada

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En referencia a las protestas habidas estos días, con cortes de la A3 incluidos, Pedro del Cura asegura que “varios de los manifestantes se manifestaban porque tienen plantaciones ilegales de marihuana, que consumen mucha energía eléctrica”. Achaca el incumplimiento del Pacto de la Cañada al “escaso papel” del Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha declarado esta mañana que el incumplimiento del Pacto de la Cañada Real por parte del Gobierno regional en materia de desmantelamiento de sectores y realojo de quienes viven en ellos, está generando una situación de consolidación de esos sectores, cuando “algunos, como el Sector 6, ya deberían estar desmantelados según el Pacto, y sus habitantes realojados”.

Para el regidor ripense, medidas adoptadas desde hace meses por la Comunidad, como la de dotar de suministro eléctrico normalizado a algunos sectores, contribuye de manera importante a esa progresiva consolidación, que va “en sentido opuesto” a lo que el Pacto de la Cañada Real perseguía.

El Alcalde se ha referido a las recientes protestas de habitantes de la Cañada exigiendo el suministro de energía eléctrica. Del Cura ha afirmado que “varios de los manifestantes, aunque no todos, mantienen plantaciones ilegales de marihuana que consumen mucha energía eléctrica”, y ha dejado ver que el motivo de las exigencias de regularización del suministro en esos casos y otros parecidos obedece a intereses ilegítimos.

Duras palabras para el Comisionado

Del Cura ha tenido palabras especialmente duras para el Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, José Tortosa, a quien ha aludido diciendo que “cuando se toma una responsabilidad es para cumplir con ella”. Para el alcalde de Rivas, “debe ser que el comisionado pinta muy poco en la Comunidad”.

El primer edil ripense también ha recordado que recientemente el alcalde de Madrid ha anunciado la construcción de 7.000 viviendas públicas, además de las que la Comunidad viene anunciando desde hace meses, y que “con un tercio de esas viviendas ya podía realojarse a las familias de la Cañada” que tienen ya aprobado su expediente de realojo.