El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a Rivas respecto a la paralización de las licencias urbanísticas

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Imagen promocional de las viviendas de la Cooperativa Atalaya del Sur, en la zona del Cristo de Rivas. La promoción no pertenece a ninguna de las promovidas por Jarama Desarrollo Inmobiliario, si bien podría resultar afectada por la sentencia del TSJM (imagen tomada de la web de la promoción)

El tribunal desestima un contencioso-administrativo interpuesto por una promotora contra el acuerdo del Pleno de paralización de licencias en el Cristo de Rivas. La denuncia realizada recientemente por una cooperativa de viviendas podría quedar sin base tras el fallo judicial.

El Ayuntamiento de Rivas ha ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la inmobiliaria Jarama Desarrollos Inmobiliarios contra el acuerdo del Pleno de julio de 2021 por el que se paralizaron las licencias urbanísticas en el sector Cristo de Rivas.

Los cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSMJ, que impone  a la empresa el pago de las costas procesales, estiman por unanimidad que la actuación del Ayuntamiento respecto a la paralización de las licencias se ajusta a derecho.

El Gobierno local ha señalado que esta decisión “no solo demuestra la correcta actuación del Pleno del Ayuntamiento, el máximo órgano de representación de la ciudad, sino que también ejemplifica ꟷexplicanꟷ que la vía judicial sólo servirá para alargar los procesos en marcha”.

En una nota de prensa el Gobierno se ha referido a «las promotoras, constructoras e inmobiliarias», invitándolas a que «opten por la vía del diálogo, dejando de lado las coacciones y las amenazas y respetando el trabajo del personal técnico, el equipo de Gobierno municipal y las decisiones que legalmente toma el Pleno».

«Las empresas que quieren construir en Rivas ꟷapunta el Gobiernoꟷ deben además respetar las decisiones que democráticamente han tomado los vecinos y las vecinas de Rivas respecto a su planeamiento urbano».

La paralización de licencias

Durante el pleno celebrado el pasado mes de julio de 2021, el Gobierno ripense aprobó la suspensión cautelar de las licencias de construcción de viviendas en la zona conocida como Cristo de Rivas. El objetivo de aquella moratoria era el de modificar el planeamiento urbano para redistribuir sus usos e intensidades. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, señaló entonces que «la ciudad, con los parámetros actuales, ya no es sostenible tal y como está diseñada, por lo que es el momento de ir dando pasos en la modificación del Plan General para adecuarla a los nuevos tiempos, sobre todo después de este año de pandemia».

Esta suspensión cautelar fue definitiva tras el pleno del mes de noviembre del mismo año, en el que se paralizaron todas las licencias urbanísticas de carácter residencial en la ciudad, tras la decisión tomada por la ciudadanía en una consulta popular en la que más del 82% se mostró favorable a paralizar el crecimiento urbanístico en el municipio.

Pese a esta resolución judicial, el Gobierno municipal ha destacado su voluntad de «seguir apostando por el diálogo y la búsqueda de soluciones», algo que asegura estar realizando ya con la promotora que ha perdido este contencioso. «Nuestro propósito ꟷapuntan desde el Consistorioꟷ es el de agilizar al máximo el proceso para garantizar los planes de todas aquellas personas que quieran venir a vivir a la ciudad».

En entredicho la denuncia de una cooperativa de viviendas

Con este fallo judicial, la denuncia que la gestora de la cooperativa de viviendas Atalaya del Sur realizó públicamente respecto a la no tramitación de la licencia de obra de su promoción, podría quedar sin base legal.

Antonio Expósito, encargado de Grupo EM, la empresa gestora de la cooperativa, expuso recientemente a Rivas Actual su «sensación» de que detrás de la no concesión de la licencia por parte municipal «no hay problemas técnicos ni jurídicos, sino una decisión política». El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece avalar esa «decisión política», aunque la sitúa en el Pleno del Ayuntamiento, y no en el Alcalde de Rivas o en otras figuras políticas del Gobierno local.

En las declaraciones realizadas a este medio, Expósito admitió que «los cooperativistas no van a perder dinero» por el retraso en la concesión de la licencia, «porque tienen un aval bancario». Sin embargo, lamentó que los 152 cooperativistas vayan a cargar con «el sobrecoste por aumento de precios en la construcción». El gestor valora que ese sobrecoste está siendo de «entre un 25% y un 30%».

Por su parte, el Gobierno local había denunciado la actuación de la empresa gestora acusándola de «vender pisos sin licencia ni terrenos en la ciudad». En una nota de prensa del pasado 29 de abril el Ejecutivo de Rivas anunciaba que estaba estudiando «emprender acciones legales contra la gestora de la cooperativa de viviendas Atalaya del Sur, la inmobiliaria afincada en Leganés Grupo EM, por coacciones, amenazas y acoso al Gobierno municipal así como al personal técnico de la Concejalía de Urbanismo tras la paralización de licencias decidida por el Pleno de la Corporación en el marco del proceso ‘Rivas, Párate a Pensar’ emprendido el año pasado».

El comunicado municipal explicaba que «El grupo inmobiliario EM promovió esta cooperativa con la intención de hacerse con la propiedad de un suelo que Jarama Desarrollos Inmobiliarios posee en Rivas para después construir ahí un residencial de 152 viviendas. La gestora, por tanto, no solo no contaba ni cuenta con licencia para construir sino que tampoco es todavía propietaria del terreno».

El Ayuntamiento acusaba a la gestora de la cooperativa de que «Pese a no disponer del terreno ni de la licencia para construir», había ido «captando cooperativistas, que han aportado hasta 40.000 euros». El Gobierno denuncia que ese proceder, sin tener concedida la licencia de obra y ni siquiera «terminado el expediente administrativo» de la misma en el momento de paralizarse la concesión de licencias por decisión del Pleno municipal, puede ser constitutivo de un posible delito. El comunicado municipal concluía anunciando la puesta del servicio de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor a disposición de los cooperativistas, y afirmaba que «Si una empresa asume riesgos mercantiles por acuerdos con terceros, no puede luego hacérselos pagar a las familias, que deben recuperar su dinero».