El tribunal no entra en el fondo de la petición realizada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, pero entiende que las medidas cautelarísimas que demandaban ambos serían irreversibles y atentarían contra la libertad de expresión.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición, realizada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de obligar a la Delegación del Goibierno a desmantelar la acampada que vienen protagonizando distintos grupos en la Puerta del Sol de Madrid y que reivindica el derecho a la vivienda por encima del interés especulativo de fondos ‘buitres’ y otros elementos.
Los dirigentes de ambas instituciones habían solicitado que el tribunal avalase con una sentencia el levantamiento de la acampada en concepto de medida cautelarísima, alegando los perjuicios que ocasiona en diferentes aspectos. Sin embargo, el TSJM, que no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, ha señalado el daño «irreversible» que la adopción de tal medida habría provocado para el ejercicio de la libertad de expresión.
En principio, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad se habían dirigido a la Delegación del Gobierno exigiendo que asctuase desmantelando la protesta, pero el delegado gubernamental se había negado alegando que las condiciones pacíficas en las que en todo momento se ha desarrollado la protesta le impedían tomar tales medidas.
«Presión política» para «limitar un derecho fundamental»
La Delegación del Gobierno ha emitido un comunicado en el que valora la decisión del TSJM de rechazar el desalojo por la vía cautelarísima solicitado por el Gobierno de Ayuso y reafirma su «compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto al derecho fundamental de reunión».
«La ley es clara», explica el comunicado, «y dice que las medidas de intervención deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias, y la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso».
La nota afirma también que «Ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental» y pide «al Gobierno de Ayuso» respeto a estas garantías y que «asuma sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna».