El acceso a una vivienda se ha convertido en el principal problema para miles de personas y familias trabajadoras. Y no es porque falten viviendas o porque falte suelo, el problema es que la vivienda se ha convertido en los últimos años en un negocio para unos pocos,
mientras deja de ser un derecho para la mayoría.
Por eso resulta preocupante que el Gobierno de Ayuso, que es quien tiene la mayoría de las
competencias en vivienda, siga ofreciendo las mismas recetas que nos han traído hasta
aquí. Más liberalización, más desregulación y más facilidades para que el mercado siga
actuando sin límites. La última muestra es la Ley 2/2026, que permite aumentar
edificabilidades y densidades en determinadas parcelas bajo el argumento de fomentar la
vivienda protegida.
¿De qué sirve construir más si no se actúa limitando los precios de un bien esencial? En Rivas lo tenemos claro, por eso hemos decidido aplicar esta ley de forma limitada y
responsable, restringiendo esos incrementos de edificabilidad a los suelos de titularidad
pública. Porque queremos más vivienda, sí, pero vivienda pública. Vivienda que
permanezca al servicio de la ciudadanía y no termine engrosando los beneficios de fondos
de inversión o grandes propietarios.
Mientras Ayuso bloquea cualquier medida que pueda contener los precios, Rivas lleva años
demostrando que existe otra forma de hacer política al servicio del interés general. En
septiembre de 2024 solicitamos formalmente a la Comunidad de Madrid la declaración de
Rivas como zona residencial tensionada para poder aplicar medidas de contención de
precios previstas en la Ley Estatal de Vivienda. La respuesta del Gobierno regional ha sido
la misma de siempre, no actuar y proteger los intereses del mercado especulativo frente al
derecho de la ciudadanía a vivir en su propia ciudad.
Frente a ese bloqueo, el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda, EMV siguen
actuando en la medida de sus posibilidades. Hace unos meses entregamos las 83 viviendas
públicas de alquiler para jóvenes con rentas muy por debajo de los precios del mercado,
demostrando que cuando existe voluntad política se pueden ofrecer soluciones reales.
Este gobierno municipal no se detiene ahí. El nuevo Plan Estratégico Municipal de Vivienda
y Suelo prevé la construcción de más de 500 viviendas públicas en alquiler asequible sobre
suelo dotacional, así esas viviendas nunca podrán ser vendidas ni acabar en el mercado
especulativo. Seguirán siendo públicas durante años y formando parte del patrimonio colectivo de la ciudad, igual que otros edificios públicos como son la biblioteca Gloria Fuertes, el Centro de Mayores El Parque o la Escuela de Educación Infantil El Dragón.
Al finalizar septiembre, tras la expulsión de Maricarmen de su casa con 87 años, se ha
producido una ola de indignación social. No se puede entender que prime la rentabilidad de
una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer que lleva 70 años en
su hogar. Es la muestra más cruel de un modelo agotado. Ojalá sea este el punto de inflexión en el debate social y político sobre la vivienda.
Se han protegido mejor los beneficios de los fondos buitre que el derecho de las personas a
conservar su vivienda. Y aquí es cuando las personas que nos dedicamos a la política
tenemos que aclarar en qué lado estamos. Nosotras siempre lo hemos tenido claro. No
creemos que exista un derecho a especular con la vivienda. No creemos que los fondos de
inversión y grandes tenedores deban decidir quién puede vivir en una ciudad y quién tiene
que marcharse. No creemos que el mercado vaya a resolver por sí solo una crisis que ha
provocado él mismo.
Creemos en el derecho a una vivienda digna y asequible, y que cada administración debe
actuar desde sus competencias. Por eso, en Rivas seguiremos ampliando el parque público
de vivienda, defendiendo la intervención del mercado y exigiendo al gobierno de Ayuso que
deje de actuar como centinela de los especuladores. Porque la vivienda tiene que volver a
ser un derecho.