La asociación reclama límites estables a los precios, un mayor control público para evitar la mercantilización y el fin de la descalificación de vivienda protegida.
Jóvenes Unidos por la Vivienda Pública (JUVIP) ha registrado sus alegaciones al proyecto de decreto por el que la Comunidad de Madrid regula el régimen jurídico de las viviendas con protección pública. La asociación considera que el texto, tal y como está planteado, introduce elementos de flexibilización que pueden debilitar la función social de la vivienda protegida y favorecer su progresiva asimilación al mercado libre.
Desde JUVIP se advierte de que la vivienda protegida «no puede entenderse como un producto temporalmente intervenido, sino como un instrumento estructural de garantía del derecho a la vivienda». En ese sentido, las alegaciones presentadas buscan reforzar el carácter público del régimen, evitar la pérdida de viviendas protegidas con el paso del tiempo y mejorar los mecanismos de control y transparencia.
Uno de los puntos centrales de las alegaciones se refiere al régimen de precios en segundas y posteriores transmisiones. El decreto permite, en determinados supuestos vinculados a regímenes antiguos, que el precio de venta se acuerde libremente entre las partes. JUVIP considera que esta posibilidad «rompe el principio básico de limitación de precios que define a la vivienda protegida y puede generar importantes incrementos de valor ajenos a la función social que justificó su construcción».
“La vivienda protegida no puede convertirse en un mecanismo de generación de plusvalías privadas. Si se elimina el límite de precio, desaparece la esencia misma de la protección”, afirma María Carballo, presidenta de la asociación.
Asimismo, la entidad cuestiona la persistencia de modelos de protección temporal que permiten que determinadas viviendas, transcurrido un plazo, pasen a considerarse viviendas libres. A juicio de JUVIP, en un contexto de crisis estructural de acceso a la vivienda, la protección no puede ser meramente transitoria. Por ello, las alegaciones plantean la eliminación de la descalificación y el establecimiento de regímenes de protección estables y duraderos.
Otro eje relevante es el relativo al control administrativo. El decreto mantiene un sistema en el que la verificación de ingresos y titularidades descansa en gran medida en la documentación aportada por promotores y solicitantes. JUVIP propone la creación de un sistema digital de cruce automático de datos con la Agencia Tributaria y el Registro de la Propiedad, con el fin de garantizar una comprobación efectiva y reducir el riesgo de fraude o adjudicaciones indebidas.
“El control público no puede basarse únicamente en declaraciones formales. Si queremos que la vivienda protegida llegue a quien realmente la necesita, debemos dotar a la Administración de herramientas reales de verificación”, señala Jorge Pastrano, secretario de organización de JUVIP.
En materia de arrendamiento, la asociación plantea reforzar el enfoque social en la determinación de rentas, evitando que la vivienda protegida en alquiler termine funcionando con lógicas próximas al mercado libre. También reclama un blindaje claro del parque público frente a procesos de pérdida o desprotección y una regulación coherente que garantice que cualquier transformación o promoción mantenga íntegramente el régimen de protección correspondiente.
Las alegaciones presentadas por JUVIP no se limitan a una crítica general del texto, sino que incluyen propuestas concretas de modificación normativa artículo por artículo, con el objetivo de fortalecer el interés general y la función social de la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid.
“La Comunidad de Madrid tiene ahora la oportunidad de consolidar un modelo de vivienda protegida sólido, coherente y verdaderamente orientado al interés general. Confiamos en que nuestras propuestas sean escuchadas y valoradas con rigor”, concluye la presidenta de la asociación.
JUVIP, entidad juvenil nacida en Rivas-Vaciamadrid, reafirma con esta iniciativa su compromiso con la defensa de un parque público fuerte, estable y protegido frente a dinámicas especulativas, entendiendo la vivienda como un derecho y no como un activo financiero.