La Junta Rectora de Covibar expedienta a dos de sus miembros acusados de una veintena de irregularidades

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Fabriciano Requejo, vicepresidente y responsable de Cultura y Comunicación de la cooperativa, y Antonio Vargas, vocal y responsable de Patrimonio de la misma, han sido expedientados y “suspendidos en todos sus cargos y funciones”. El vicepresidente achaca la sanción a “represalias por haberme puesto del lado de los trabajadores” de la cooperativa, ante un ERTE que la Junta quiso realizar.

La carta que el presidente de la cooperativa Covibar, Jorge García Machón, ha enviado a todos los socios de la misma, y en la que comunica la suspensión de ambos directivos en todas sus funciones, está fechada ayer, 3 de mayo, y no menciona las razones para esta suspensión, aunque en el muro de la página oficial de Facebook de la cooperativa sí se ha colgado un post en el que se relacionan, si bien referidas solamente al hasta ahora vicepresidente, Fabriciano Requejo.

Las acusaciones, algunas de ellas de extrema gravedad, van desde “acoso” y  “coacciones” a un trabajador de la cooperativa, hasta “Negar la autoridad del Gobierno de España para dictar normas durante el estado de alarma por Covid-19 y negar que sean aplicables a la Cooperativa por no ser de su interés personal”.

Tanto la carta enviada a los socios de la cooperativa y publicada en la web de Covibar, como la nota colgada en el Facebook de la misma, aparecen firmadas por Jorge García Machón, presidente de la Junta Rectora.

Requejo: “son represalias por ponernos del lado de los trabajadores”

Fabriciano Requejo (d), durante un acto en el Centro Social de la cooperativa, en 2018 (Foto Kike Ayala/Rivas Actual)

Por su parte, Fabriciano Requejo ha respondido esta misma tarde a las preguntas de RIVAS ACTUAL sobre su posición respecto a este expediente y sanción. Para el ahora suspendido vicepresidente de la cooperativa, las razones tienen que ver con “represalias por haber defendido a los trabajadores y a los intereses económicos de la cooperativa”.

Según Requejo, la Junta Rectora de Covibar decidió recientemente preparar la presentación de un ERTE acogiéndose a la normativa para ello aprobada con motivo del presente estado de alarma. El vicepresidente alega que el ERTE “era improcedente”, ya que, explica, “la cooperativa sigue manteniendo ingresos por los alquileres de muchos de los locales comerciales” del barrio, todos ellos propiedad de la propia cooperativa. Además, asegura, “Covibar tiene liquidez suficiente como para mantener los puestos de trabajo sin realizar ningún expediente de regulación temporal de empleo”.

La Junta Rectora, sin embargo, votó mayoritariamente la tramitación de expediente, siempre según Fabriciano Requejo. Finalmente, según el vicepresidente, el ERTE fue denegado, pero “no nos han perdonado que nos pusiéramos del lado de los trabajadores”.