La plataforma Luz Ya en la Cañada Real tacha de «violación del Pacto Regional» el Plan de Realojos recientemente suscrito por las administraciones

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Representantes de las administraciones estatal, autonómica y municipales, tras la firma del Plan Extraordinario de Realojos, el pasado 15 de abril (Foto: Rivas Actual)

Considera que el Plan se ha elaborado y acordado «sin dar participación a las asociaciones y organizaciones vecinales de la Cañada Real». Valoran que el protocolo firmado supone «una violación del Pacto Regional» de la Cañada Real, suscrito en 2011 por la Comunidad de Madrid y los tres ayuntamientos afectados por la Cañada.

La plataforma Cívica ‘Luz ya en la Cañada Real’ ha hecho público un comunicado en el que rechaza el Plan Extraordinario de Realojos, cuyo protocolo fue firmado recientemente por representantes de la administración estatal, la autonómica y de los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid.

La plataforma entiende que el Plan se ha elaborado «sin dar participación a las asociaciones y organizaciones vecinales de la Cañada Real», algo que supondría «una violación de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, al vulnerar abierta y directamente lo
establecido en su disposición adicional primera, en donde se reconoce que las Administraciones con competencia en la materia tienen la obligación de dar participación a los afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas en los procesos que resuelvan todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada Real Galiana».

Asimismo, la plataforma califica de «maltrato institucional» la actuación de las administraciones, en el sentido de que «no se ha informado a las vecinas y vecinos de este proceso, que ha sido realizado en el más absoluto oscurantismo. No han sido ni tenidos en cuenta, ni han participado en el mismo. De hecho, se han enterado por la prensa de una decisión que condiciona por completo el futuro del barrio y, por tanto, afecta de lleno a sus
vidas».

Convertir a la Cañada en un nuevo barrio

Luz Ya para la Cañada Real defiende lo que entiende que es el sentir mayoritario de los habitantes de esa zona: el mantenimiento de la misma y su reconocimiento legal, con todo lo que ello conlleva en materia de suministros corrientes de agua, luz, gas, etc., así como de censado de sus habitantes y recepción de los derechos consustanciales a cualquier vecino o vecina de alguno de los tres ayuntamientos en cuyas lindes se desarrolla la Cañada.

La plataforma considera que el Plan Extraordinario de Realojos «supondría una violación del Pacto Regional, pues en el mismo se reconoce que las personas de la Cañada Real que figurasen en el censo antes del 31 de diciembre de 2011 tendrían, siempre que fuera posible, el derecho a una vivienda dentro de la propia Cañada».

En este último sentido, aboga por «una solución híbrida y participada por los vecinos y vecinas para el futuro del barrio, existiendo voluntad de legalización del mayor número de viviendas posibles, tal y como recoge el propio Pacto Regional, declarándose más de la mitad del territorio como apto para albergar uso residencial», y «contemplándose los realojos sólo en casos de vulnerabilidad o zonas con afecciones urbanísticas que pudieran impedir el mantenimiento de viviendas existentes».

Restauración inmediata de suministro eléctrico

La Plataforma Cívica Luz Ya en la Cañada Real hace un llamamiento a las administraciones a «reconsiderar la decisión acordada y, en su lugar, abrir un proceso de negociación real con la representación vecinal de la Cañada Real Galiana, en el que se vele por el mantenimiento del mayor número de viviendas dentro de la Cañada». Asimismo, exigen «la restauración inmediata del suministro eléctrico en el sector 6 de la Cañada Real Galiana y la normalización del suministro eléctrico en el resto de sectores, así como que hagan posible la celebración de contratos de suministro individuales para todas las personas que residen en la Cañada Real Galiana».

Por último, la entidad advierte que «Nos reservamos el derecho a recurrir a todas las instancias necesarias para frenar el maltrato institucional que sufren las vecinas y vecinos y
advertimos del riesgo de incumplir de forma grave y consciente compromisos legales  internos e internacionales, así como del daño acumulado que provocan disposiciones arbitrarias y contrarias a las necesidades ya expresadas de forma reiterada por vecinas y vecinos, sus organizaciones representativas y la sociedad civil».