Sostiene que «Condicionar el abono transporte al empadronamiento es una medida altamente discriminatoria que perjudica a la población en situación más vulnerable». Las trabas existentes para el empadronamiento impedirán ahora el acceso a la movilidad y a derechos fundamentales. CEAR reclama la retirada inmediata de la medida para evitar la segregación y garantizar que el transporte público sea un motor de inclusión y cohesión social.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Madrid ha hecho público un comunicado en el que «lamenta la decisión tomada por el gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a la gestión de la movilidad ciudadana, por la que se condiciona la expedición del abono de transporte público únicamente a las personas empadronadas en algún municipio de la comunidad, creando así diferentes categorías de personas».
La entidad considera la medida como «altamente discriminatoria y excluyente». Una medida que «afecta especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas migrantes y refugiadas que ya enfrentan numerosas barreras como se denuncia en el informe titulado ‘Sin barreras para nadie’, y que, con restricciones en el acceso a derechos como esta, ven agravada su situación».
La medida, según el comunicado, «dificulta el proceso de inclusión social de las mismas al limitar la libertad de movimiento y el acceso a servicios, provocando exclusión y segregación». El acceso al transporte público, en igualdad de condiciones, «no es un simple trámite burocrático. Negar el mismo supone dificultar el acceso a derechos fundamentales y a recursos laborales, educativos, sanitarios, culturales…», añade la nota de CEAR Madrid. «Significa que una persona migrante o refugiada tendrá mayores obstáculos para hacer una entrevista de trabajo, ir al médico, estudiar o aprender el idioma, pues el transporte público se encarece sobremanera».
Una trampa burocrática que alimenta a otra
Esta medida provoca un círculo perverso. Tal y como demuestran informes como ‘Padrón
por Derecho’ o el estudio ‘¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda’,
de Provivienda, empadronarse en la Comunidad de Madrid «es ya una carrera de obstáculos: arbitrariedad en la atención en las oficinas de atención ciudadana (OAC);
multiplicidad de requisitos; largos periodos para lograr una cita; o trabas constantes si se
vive en habitaciones o viviendas compartidas, porque en muchas la persona propietaria
no permite el empadronamiento; en otros, cuando se consigue, se hace pagando». A ello se
le suman otras cuestiones como el racismo inmobiliario. El 99% de las agencias inmobiliarias de Madrid aceptan cláusulas discriminatorias hacia personas extranjeras, según el informe de Provivienda.
«La trampa», concluye CEAR Madrid, «es clara: si quien te alquila no quiere, no puedes empadronarte, y si no te puedes empadronar, ahora tampoco puedes acceder al abono transporte y, por ende, a otros derechos y recursos fundamentales».
Por último, CEAR Madrid señala que esta medida contradice el principio constitucional de igualdad y medidas inclusivas legitimadas ampliamente por la ciudadanía como la regularización extraordinaria en marcha desde el mes de abril. «Lejos de contribuir a la cohesión social generan exclusión e institucionalizan un mensaje discriminatorio y estigmatizador invisibilizando la pluralidad y diversidad de la Comunidad de Madrid», añade.
CEAR apela a «la responsabilidad política e institucional en la preservación de valores
y principios constitucionales como el de igualdad y no discriminación y reclama la retirada inmediata de la medida». “El acceso al transporte público en nuestra comunidad autónoma debe ser un motor de inclusión y cohesión social, no una barrera que aísle y excluya a la población en situación más vulnerable”, señala Francisco Garrido, coordinador de CEAR Madrid.
