En enero de 2020, el vicepresidente Pablo Iglesias recibía su primera advertencia oficial del mundo judicial por sus declaraciones sobre los jueces y su cuestionable independencia. Al ser preguntado por el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, Iglesias insinuó que “todos los jueces y fiscales se mueven por su ideología”. Desde mucho antes, el Secretario General de Podemos sumaba una larga lista de críticas al mundo judicial. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió al quite, emitiendo un comunicado pidiendo, al por entonces vicepresidente, ‘moderación, prudencia y mesura’, instándole a abstenerse de hacer una ‘utilización política de la justicia o cuestionar su independencia’.

Seis años después, el 80% de la opinión pública española piensa que ‘la justicia no es igual para todos’ y una buena parte de este porcentaje opina que los jueces hacen política. Por supuesto los políticos no dudan de ello, los de un color y los de otro lo han criticado, de hecho, el actual ejecutivo está convencido de que ‘existe una campaña de acoso y derribo contra el gobierno de coalición’. Para ello, jueces y fiscales (unos pocos al menos), con o sin argumentos, basándose en recortes de prensa sobre bulos o mentiras, etc., no se reprimen en atacar y encausar a familiares del presidente Sánchez (su suegro, su esposa, su hermano…), y/o a miembros de su confianza en las varias administraciones públicas, incluso la judicial, como fue el caso de Dolores Delgado o el de Álvaro García Ortíz, ambos fiscales generales en ejercicio, nombrados por P. Sánchez.

Me voy a centrar principalmente en estos dos últimos, por la significación política que tienen y por el tremendo desprestigio que está causando para ‘la justicia’, esa que pretendían conservar como incólume. Aunque haré referencia también a algunos otros.

Son muchos los que piensan que este acoso constante, responde a la consigna lanzada por el expresidente Aznar -“el que pueda hacer que haga”- con el claro objetivo de derribar al gobierno. Y ‘los que hacen’, respondiendo a esa llamada, despreciando el código deontológico del derecho, la separación de poderes reglada por la Constitución y su propia honestidad personal, actúan por intereses ideológicos y corporativos.

Que los procedimientos, los tiempos y las propias sentencias se aplican de distinta manera, dependiendo de quien sea la persona afectada, es fácil de comprobar solo ‘echando un vistazo’ a los últimos casos judiciales, pues ejemplos que glosan y acreditan las prácticas de la justicia ‘a varias velocidades’ y con ‘criterios dispares’ abundan por desgracia: La Gúrtel (noviembre 2007); El 3% de los Pujol (13 años ha tardado); El caso Púnica de
Esperanza Aguirre y su ‘charco de ranas’ (es de 2014); el caso Lezo del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (de 2016 y aún pendiente de ser juzgado); Las ‘cloacas del Estado’ con el exministro Jorge Fernández Díaz (desde 2011); El caso Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy (se arrastra desde 2008, y los últimos siete años en investigación); El del novio de Ayuso (investigado desde 2022 y citado en febrero de 2025, aun no juzgado), etc.

Por el contrario, están los casos desarrollados con inusitada aceleración y, siempre, publicitados en los momentos más oportunos, cuando más daño pueden hacer (momentos electorales, votaciones en el Congreso, situaciones de debilidad del Gobierno, etc.).

Algunos de estos son: el caso del Fiscal General del Estado (resuelto en menos de ocho meses, mientras el encausado y confeso Alberto González Amador, aún no se ha autorizado la intervención de sus cuentas, ni juzgado); El caso del hermano de P. Sánchez (encausado sin pruebas, con unos recortes de periódico, y juzgado en un año); El caso de Begoña Gómez, esposa de P. Sánchez (en menos de dos años ya juzgada, sin pruebas); el caso Koldo (investigado, juzgado y sentenciado en poco más de dos años), etc.

Este último caso en que se ha juzgado y condenado a J.L. Ávalos y a Koldo García, se estudiará en las facultades de derecho en adelante: el defraudador confeso Víctor de Aldama (2,4 millones de euros a la Hacienda Pública), sale indemne de la causa (total libertad), por el hecho de ‘colaborar con la justicia’, a la postre, solo por opinar, ya que pruebas no ha presentado ninguna. Pero no acaba ahí, porque, además, se le reclaman (se le regalan) los casi dos millones y medio defraudados. El defraudador y corruptor queda libre y los corruptos cargan con toda la pena.

Para la derecha y la ultraderecha, a Víctor de Aldama le han convertido en un héroe para la derecha y ultraderecha y también en un referente de cómo se deben hacer las cosas para forrarse (ilegalmente) y salir sin pena ni tacha. “El que pueda hacer que haga”: la consigna política de Aznar. Evidentemente esta ha sido un detonante para que muchos jueces (y otros empleados públicos de la judicatura) se pongan a remar juntos contra el Gobierno Progresista, pero el objetivo de fondo no es solo hacer caer a Pedro Sánchez y su equipo, la
razón más poderosa es dejar bien claro ‘quien manda en este país’ y sin duda, son los jueces y los poderes político-económico que hay detrás. Así es desde el inicio de esta pseudodemocracia que tenemos en España, en la que la tan cacareada ‘separación de poderes’ es solo nominal, en la que todo en lo que los partidos no se han puesto de acuerdo, se lo han delegado a que sean los jueces quienes resuelvan, y ahora, estos mismos dueños de la justicia, de ninguna manera quieren renunciar a seguir teniendo ‘la última palabra’.

El partido Socialista cometió el mayor error de la legislatura, cediendo el control del Tribunal Supremo al Partido Popular (después de haber tenido bloqueada su renovación durante ocho años). Ahora ya no valen lamentaciones.

Para la izquierda progresista de este país no basta con ganar las elecciones, es urgente modificar las formas de acceso a la carrera judicial, solo así cambiaran las familias que se suceden en los mismos altos puestos de la judicatura desde la dictadura hasta ahora, la inmensa mayoría de derechas y poseedores de la verdad absoluta (muchas veces  confundida con sus propios intereses). El ejecutivo deberá apañárselas para facilitar el acceso a todos/as aquellos/as que tengan aptitudes para ser abogados, fiscales, notarios,
jueces…, provengan de la clase social que provengan. Y para eso, hace falta regulación y dinero para becar sus estudios.

Y finalmente, el ejecutivo se deberá ‘hacer valer’: quienes han sido elegidos en las urnas son los diputados; los jueces son solo funcionarios, y la separación de poderes debe de estar clara, para que cada cual haga su función.