La Plataforma Antidesahucios de Arganda-Rivas exige «una solución habitacional digna» para una de las tres personas para las que la EMV de Rivas ha pedido una acción judicial de desahucio por ocupación irregular de la vivienda en alquiler. Fuentes municipales aseguran que a la persona con dos hijos se le han ofrecido «varias opciones como alternativa habitacional», aunque no ha aceptado ninguna de ellas.
La PAH de Arganda-Rivas (conocida como ‘Plataforma Antidesahucios’) ha hecho pública su exigencia de «una solución habitacional digna» para Tamara, una mujer con dos hijos para la que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas pidió a un juzgado su lanzamiento de la vivienda en alquiler que ocupaba de manera irregular.
Uno de los hijos de Tamara tiene, al parecer, lo que la PAH Arganda-Rivas define como «una enfermedad grave», sin especificar. Esta es la razón por la cual la entidad ciudadana llamaba a participar en una concentración, ayer lunes, en la que se exigía esa «solución habitacional digna» por parte de la EMV, acusando a ésta de «querer desahuciar» a la familia.
En el cartel de convocatoria, la PAH Arganda-Rivas denomina a la EMV, erróneamente, con las siglas EMVS. Esta última letra suele corresponderse con el adjetivo ‘Social’, algo que la empresa pública del Ayuntamiento de Rivas no tiene en su denominación. El detalle puede ser trascendente, ya que entre los objetivos de la EMV no está la construcción, ni para venta ni para alquiler, de la denominada ‘vivienda social’, algo que corresponde a la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad e Madrid y que se distingue de la ‘vivienda protegida’, ya que la vivienda social está concebida como solución para personas que no tienen recursos o son muy pequeños, mientras que la vivienda protegida ofrece precios sensiblemente más baratos que la libre, pero no renuncia, en el caso de los alquileres, al cobro de los mismos.
Varias opciones alternativas no aceptadas
Por su parte, fuentes municipales aseguraron ayer a Rivas Actual que «se le ha ofrecido alternativa habitacional» a esta mujer y a sus hijos, aunque «no la ha aceptado». También aseguran las mismas fuentes que «en todo momento ha recibido un acompañamiento intensivo por parte de Servicios Sociales», incluyendo ayudas para realizar los trámites de escolarización y empadronamiento.
Fuentes propias de Rivas Actual añaden que también se le ha ofrecido ayuda para «inscribir a su hijo con enfermedad en la asociación ASPADIR» (la ONG de Rivas que atiende a personas con discapacidad y les ofrece alternativas de distinto tipo, incluyendo la laboral). Sin embargo, esas mismas fuentes aseguran que la madre no ha aceptado el ofrecimiento.
En cuanto a los otros dos desahucios, se corresponden, siempre según las fuentes municipales, con personas en distintas circunstancias que coincidían en la situación de ocupación irregular de la vivienda en alquiler.
En uno de los casos, las fuentes municipales aseguran que se trata de «un inquilino con antecedentes penales, denunciado por los vecinos y vecinas» por su conducta agresiva. En el otro caso, el problema residía en que las personas desahuciadas «ocupaban una vivienda de cinco habitaciones, varias de las cuales realquilaban de manera irregular».
Las tres viviendas presentan situaciones diferentes, pero comparten un elemento común: ninguna de las personas que residían en ellas accedió a la vivienda a través de los procedimientos públicos establecidos ni mediante el Registro Único de Demandantes de Vivienda, y las viviendas estaban siendo objeto de prácticas irregulares de alquiler, realquiler o transmisión entre particulares.
La política de vivienda de la EMV contempla medidas de protección para las personas adjudicatarias que acceden a una vivienda pública a través del Registro Único y que atraviesan dificultades económicas, como la renegociación de pagos o la aplicación de una renta social cuando resulta necesario. Al tratarse en estos casos de ocupaciones irregulares, la recuperación de las viviendas se debe realizar para que puedan volver a incorporarse al parque público y ponerse a disposición de las familias inscritas en el Registro Único.