Un informe falsificado del Ayuntamiento de Madrid sustentó la reclamación a Rivas de una deuda de 10 millones

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Vista aérea del Auditorio Miguel Ríos. Tanto el propio auditorio como la zona que puede observarse detrás de él, formaban parte del vertedero de Autocampo
Vista aérea del Auditorio Miguel Ríos. Tanto el propio auditorio como la zona que puede observarse detrás de él, formaban parte del vertedero de Autocampo, en el que Madrid vertió descontroladamente sus basuras durante las décadas de 1960 y 1970

Diez millones de euros es la cantidad que el ayuntamiento de Madrid, bajo la presidencia de Ana Botella, exigió a Rivas como pago por los vertiduos de residuos en Valdemingómez desde 1987. Un informe pericial acerca de los documentos presentados por Botella ante el juzgado para reclamar esa cantidad, encargado por Rivas hace unos meses, revela que dichos documentos tuvieron que ser falsificados por Madrid, ya que las características de la impresión de dichos documentos no se corresponde con el estado de la tecnología de finales de los años 80.

El informe pericial fue recibido hace pocos días por el Gobierno municipal de Rivas. Con él en las manos se decidió, según fuentes municipales, interponer una querella por falsedad en documentos, prevaricación y estafa procesal, querella que se presntó finalmente el pasado 23 de enero. La referencia a la estafa procesal se refiere a la que los documentos falsos aportados por Madrid originaron, ya que el Juzgado que en 2012 los examinó, sin informe pericial que demostrara ante el juez que eran falsos, llevó a éste a dictaminar que el ayuntamiento de Madrid tenía razón y que la reclamación del pago de los 10 millones era correcta.

Documentos impresos con tecnología de ocho años después

El informe pericial encargado por el ayuntamiento de Rivas, firmado por la empresa Lazarus Technology, especializada en informes tecnológicos forenses, explica que la tecnología que los documentos revisados revela sólo fue accesible varios años después de la fecha en que están datados los papeles aportados por el ayuntamiento madrileño. En concreto, Lazarus data la aparición en el mercado de consumo de la tecnología de impresión láser, mediante la cual han sido impresos los documentos, hacia 1995, siendo así que las fechas reseñadas en la documentación aportada en su día por Madrid se supone está impresa a partir de 1987. El informe pericial concluye que “La tecnología disponible en 1987 no permitía crear un documento como el presentado con esa fecha y posteriores hasta varios años después”.

El más de un centenar de documentos  examinados aparecen firmados en muchos casos por un funcionario del Ayuntamiento de Madrid cuya firma legible aparece, “prácticamente idéntica”, en otros papeles en los que no queda registrado su nombre com autor de la firma. La conclusión de Lazarus Technology es que tanto las características observadas en la impresión como las presumibles en lo referente a la generación de los documentos (programa informático utilizado) eran inaccesibles en 1987, fecha de los primeros documentos. La conclusión lógica, dado que los posteriores presentan características iguales a los primeros, es que deben darse como de dudosa veracidad todos ellos.

Una historia “sucia”

Que la basura sea, al fin y al cabo, lo que está al fondo del contencioso entre Madrid y Rivas no es lo único que convierte la historia de éste en sucia. La manipulación de documentos para hacerlos pasar por originales y verdaderos correspondientes a diferentes fechas entre 1986 y 2013 debió de verla como necesaria alguien que, durante el mandato de Ana Botella al frente de la Alcaldía madrileña (de diciembre de 2011 a junio de 2015), entendió que sin esos documentos no era posible llevar ante un juez una demanda para que Rivas pagase la nada despreciable cifra de diez millones de euros.

Esos diez millones se correspondían con el pago de las tasas por verter en Valdeingómez que Rivas debería haber pagado, pero que no pagó desde mediados de la década de 1980, con Enrique Tierno Galván como alcalde de la capital. Las razones de ese impago estaban en un “acuerdo verbal” entre Tierno y el entonces Alcalde de Rivas, Antonio Martínez Vera, por el cual Rivas no pagaría las tasas en compensación por los 8 millones de toneladas de basura que la capital había vertido ilegal e incontroladamente en el vertedero “informal” de Autocampo, en Rivas, durante la alcaldía de Carlos Arias Navarro, el residuo de la política franquista en el nivel municipal madrileño.

La descontaminación de los terrenos que ocupaba el vertedero de Autocampo, que coinciden con el actual Auditorio Miguel Ríos y zonas aledañas, costó a Rivas 26 millones de euros. La época de bonanza económica que el municipio vivió durante esas décadas facilitó la obtención de los recursos necesarios para abordar una tarea que pasó a ser calificada de “modélica” a nivel europeo en su momento. Una cifra astronómica para una ciudad que entonces (hablamos de mediados de la década de 2000) contaba con menos de 50.000 habitantes, aunque ya había comenzado de manera notoria el despegue demográfico que la llevó a ser la de más rápido crecimiento de España y Europa.

Botella, Carmena y Almeida

En toda esta historia hay tres nombres claves en la Alcaldía de Madrid: Ana Botella, cuyo papel ya ha sido relatado. El segundo es el de Manuela Carmena, alcaldesa entre 2015 y 2019, quien, a pesar de la “deuda” que el Juzgado reconoció en 2012 que Rivas tenía con Madrid, aceptó que el municipio colindante volviese a llevar las basuras a Valdemingómez. Esta decisión se había tomado por parte del Pleno de Rivas tras constatar la por entonces próxima colmatación del de Alcalá de Henares, cuya vida útil ha llegado a su fin recientemente.

El último nombre es el del actual alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, que en 2019 anunció que Rivas debía dejar de verter en Valdemingómez y volvió a traer a colación la “deuda” que el Madrid de Ana Botella reclamó judicialmente. Posteriormente, la situación se complicó con la mencionada colmatación del vertedero de Alcalá y la crisis subsiguiente, de la que se salió provisionalmente con una decisión, “impuesta” por la Comunidad de Madrid, para que Valdemingómez aceptase los residuos no sólo de Rivas, sino de los 22 municipios que conforman la Mancomunidad del Sureste.

En el Pleno que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto esta misma semana, una moción de Vox exigirá la reclamación inmediata a Rivas del pago del resto de esa deuda de 10 millones, de la cual este municipio ha abonado ya en torno a 2,5 millones a lo largo de los últimos años. El mismo partido cuya representante en el Pleno de Rivas aportó el único voto en contra de la moción aprobada en diciembre pasado, y en la que se reivindicaba la validez de los acuerdos verbales alcanzados con Madrid durante el mandato en la capital de Enrique Tierno Galván, al tiempo que se instaba al Alcalde de Rivas a reclamar la indemnización correspondiente a los vertidos ilegales de Madrid en Rivas en las décadas de  1960 y 1970 y, en último extremo, a buscar una salida negociada a esta situación de mútuas reclamaciones.