Una alianza de entidades facilita 600 ‘tarjetas monedero’ a personas con discapacidad

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Acto de presentación de la campaña (Foto: Plena Inclusión Madrid)

La campaña ‘Alimentos por la inclusión’ entrega 600 tarjetas con recargas de dinero con un mínimo de 75 euros mensuales a 600 personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Se trata de compensar la “situación de desventaja” de la que parten familias con personas con discapacidad. la campaña es impulsada por Plena Inclusión Madrid y Fundación Gmp.

Fundación Gmp y Plena Inclusión Madrid han repartido las tarjetas monedero de la campaña ‘Alimentos por la inclusión’, cuyo objetivo es ayudar a 157 familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (600 personas en total) a paliar los efectos de la crisis económica provocada por la COVID-19.

El acto ha tenido lugar en Fundación ALAS Madrid, y ha estado presidido por Javier Luengo, viceconsejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de la Comunidad de Madrid; Paula de la Rocha, gerente de Fundación ALAS; Silvia Sánchez, directora de Plena Inclusión Madrid; y Marta Montoro, patrona de Fundación Gmp.

Gracias a la campaña ‘Alimentos por la inclusión’, las familias en especial situación de vulnerabilidad detectadas por 25 entidades miembro de Plena Inclusión Madrid podrán contar con un ayuda mensual para efectuar sus compras de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Con este fin, recibirán mensualmente una recarga en la tarjeta solidaria con una cantidad mínima de 75 euros, y que aumenta en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

Hay que recordar además que las familias en cuyo seno hay una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo “parten de una situación de desventaja ya que, en líneas generales soportan un sobreesfuerzo económico anual que puede oscilar entre los 24.000 y los 47.000 euros”, según una nota hecha pública por Plena Inclusión Madrid.

Silvia Sánchez ha recordado los “abrumadores resultados” de la encuesta realizada por Plena Inclusión Madrid entre las familias que forman parte del movimiento asociativo en abril y ha explicado que estos datos sirvieron para establecer los parámetros económicos, laborales y sociales utilizados en esta iniciativa.

Según dicha encuesta, a finales de abril un 43% aseguraba verse “bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19 y un 30% había experimentado un incremento en sus gastos familiares. Asimismo, casi el 40% por ciento había visto como empeoraba su situación laboral.

Asimismo, el informe de Odismet ‘Efectos y consecuencias de la COVID-19 entre las personas con discapacidad’ refleja que el 31,1% de la población con discapacidad se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, que puede verse agravada por el impacto de la pandemia en el empleo. En este sentido, el informe alerta de que el 60% de los trabajadores con discapacidad podrían perder su empleo debido a la temporalidad de sus contratos y a las consecuencias negativas de la crisis en la actividad económica.