Una asociación vecinal de la Cañada acusa al Ayuntamiento de «empujarnos a irnos mediante el miedo», aunque éste defiende que actúa por orden de la Comunidad de Madrid

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Una excavadora actúa junto a un tramo del Camino Escolar, señalado con una flecha

Los pasados días 28 y 29 de abril, excavadoras enviadas por el Ayuntamiento actuaron, el día 28 derribando una pequeña nave, varios árboles frutales e inutilizando el conocido como ‘Camino Escolar’, que permitía el acceso desde la Cañada al CEIP Mario Benedetti. Al día siguiente, las excavadoras volvieron a hacer acto de presencia y continuaron derribando edificaciones. El Ayuntamiento asegura que la actuación se ha realizado a petición de la Comunidad de Madrid «para la recuperación de la parcela» y que no obstante, por solicitud municipal, «el camino escolar se ha mantenido y está operativo».

La Asociación Barrio Unido del Sector 4 de Cañada Real ha denunciado actuaciones municipales, los días 28 y 29 de abril, a causa de las cuales se derribaron una pequeña nave y varios árboles frutales en una parcela, así como otras edificaciones. A consecuencia de las actuaciones afirman que quedó inutilizado el llamado ‘Camino Escolar’, que permitía el acceso desde ese sector de Cañada a la Avenida Víctimas del Terrorismo y al CEIP Mario Benedetti, en el que están escolarizados varios niños y niñas de la zona.

El Ayuntamiento, preguntado por Rivas Actual, ha explicado que la actuación «en la recuperación de la parcela es de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento», y que, no obstante, «a solicitud del Ayuntamiento, el camino escolar se ha mantenido y está operativo».

El camino, con una anchura media de metro y medio, había sido construido por los propios vecinos de Cañada y en buena parte «pavimentado e iluminado». La vía era, según denuncia la asociación vecinal, la única razonable de acceso al centro escolar, así como el lugar de paso de «personas con dificultades de movilidad». El Ayuntamiento identificó en su día el camino como inseguro.

Clima de miedo

La asociación vecinal, sin embargo, denuncia que los métodos con los que está actuando el Ayuntamiento de Rivas «están generando un clima de miedo entre la población. No se trata de hechos aislados, sino de una intensificación reciente de actuaciones que afectan directamente a la vida del barrio».

Estas actuaciones, dice una nota de prensa de la asociación vecinal, «son del mismo tipo que las contenidas en la queja al Defensor del Pueblo presentada el año pasado en la que decenas de vecinos denunciaban un patrón de envío de notificaciones en festivos y en horario nocturno, derribos sin garantías y presión institucional para forzar el abandono del barrio».

La asociación Barrio Unido recuerda que los tribunales «ya han cuestionado actuaciones similares de Rivas-Vaciamadrid en Cañada»: «el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por vulnerar derechos fundamentales en el derribo de una vivienda en 2022″. También recuerda la anulación de otra orden de demolición de una vivienda del sector 4 que llevaba más de 20 años construida, al considerar que no era conforme a derecho». Asimismo, «la Audiencia Provincial de Madrid condenó en julio de 2025 al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid por prevaricación en otro derribo ilegal en el sector 6».

Además, relaciona estos hechos con que «El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ya condenó a España en septiembre de 2024 por vulneraciones graves de derechos humanos en Cañada Real, tras la demanda impulsada por la Plataforma Cívica por la Luz para Cañada Real». Hay que precisar que esta última condena se refiere al corte «continuado» de suministro eléctrico a diversos sectores de la Cañada, y no a las actuaciones de derribo y desalojo.

Las reivindicaciones vecinales

Ante esta situación, la asociación vecinal reivindica «la paralización inmediata de los  derribos mientras no se garantice el procedimiento legal completo y el derecho a la vivienda en el propio barrio».

Asimismo, exigen «el respeto y la protección efectiva de los derechos de la infancia y la adolescencia y del conjunto de la población de Cañada», «una actuación urgente del Defensor del Pueblo» y «el cese del acoso y hostigamiento institucional por parte de las administraciones».