La totalidad de concejales y concejalas de la oposición coincidieron en acusar al decreto de antiespañolismo y fomento de la ilegalidad y defendieron la llamada ‘prioridad nacional’, insinuando la culpabilidad de los inmigrantes en las situaciones de inseguridad ciudadana y en la dificultad para encontrar empleo «de los españoles».
Quizás una de las más agrias y descarnadas discusiones habidas en el Pleno municipal de Rivas se diese ayer, en la sesión correspondiente al mes de abril. El grupo municipal socialista presentaba una moción, a la que se adhería el grupo de Izquierda Unida – Más Madrid – Verdes Equo (IU-MM-VQ), en la que se proponía al Pleno una declaración de apoyo al decreto de regularización de personas migrantes abierto por el Gobierno central recientemente.
En ella se planteaba no sólo el apoyo político, sino la petición de que el Ayuntamiento colaborase activamente, en toda la medida de sus posibilidades, para que los trámites necesarios para esa regularización que estén en sus manos, puedan llevarse a cabo con la mayor agilidad y de la manera más fiable posible.
La caja de los truenos
Si en otras temáticas distintos grupos de la derecha y ultraderecha procuran adoptar un discurso más moderado, matizando más sus posiciones, en éste todos coincidieron. Tanto el PP como Vox y la concejala no adscrita abrieron sus respectivas cajas de los truenos y clamaron contra el decreto con las más gruesas e inusitadas calificaciones posibles.
Desde el discurso de la concejala no adscrita, María de los Ángeles Guardiola, hasta el rosario de ‘argumentos’ de la concejala de Vox, Eliana Palacios, pasando por la confusa intervención del portavoz del PP para este punto, Jesús Martínez Caballero, todos recurrieron al españolismo a ultranza, a la denigración y culpabilización -insinuada o dicha claramente- de las personas migrantes o a las apocalípticas advertencias sobre los inmensos males que traería a España la regularización propuesta por el Gobierno central.
El ponente de la moción, Alberto Cabeza, habitualmente calmado y razonable, llegó a perder levemente la compostura en su respuesta a esas intervenciones. Negó la acusación de «masiva» que la oposición había utilizado sistemáticamente al hablar de la regularización planteada por el Gobierno y negó también el calificativo de «ilegal» aplicado a las personas migrantes en situación irregular: «Ninguna persona es ilegal», vino a decir, diferenciando entre esa ‘ilegalidad’ de las personas y la ‘irregularidad’ de sus situaciones en España.
Señaló, así mismo, que el decreto plantea una medida «de justicia», pero también favorecedora para la economía española, ya que, recordó, «son personas que ya están trabajando en España, solo que con su regularización pasarán a cotizar y a trabajar en mejores condiciones». Igualmente hizo referencia a informes de distintas entidades, entre ellas el Banco de España, en el sentido de que «España necesita más inmigrantes».
Para sorpresa de nadie, la propuesta fue aprobada con los catorce votos a favor de los grupos proponentes y los once en contra de la oposición en pleno.
