Cinco años después de iniciar su investigación, Yolanda Martín-Alameda Benlliure ha recopilado una extensa información sobre un tema poco tratado, incluso dentro del ámbito de la memoria histórica y democrática. El trabajo forzado, que casi puede considerarse un eufemismo de ‘trabajo esclavo’, fue impuesto por el régimen franquista a entre 250.000 y 300.000 personas del bando republicano, prisioneras de guerra o represaliadas civiles tras la victoria de Franco.

Esa investigación llevó a Yolanda, arraigada en Rivas Vaciamadrid desde hace décadas y muy vinculada a movimientos sociales (además de haber sido durante dos legislaturas concejala en el Ayuntamiento), a centrarse en la figura de su abuelo materno, Juan Benlliure Aybar.

Yolanda, sentada ante la puerta de entrada a la Casa de Asociaciones (Foto Rivas Actual)

Juan había ostentado un modesto cargo de quinto teniente de alcalde en la localidad de Tendilla (Guadalajara). Al terminar la guerra civil fue detenido y acusado de «auxilio a la rebelión» (sí, no era una broma de los vencedores: ellos consideraban que quien se había rebelado había sido la República, aunque fuese contra la ‘España eterna’ que ellos representaban). Aunque le condenaron inicialmente a muerte, se le conmutó la pena por la de 20 años de trabajos forzados.

Yolanda ha escrito no sólo un texto resumiendo el caso de su abuelo, sino también un relato corto, titulado ‘Relato de la Casa de la Roca’, en el que expresa más literariamente sus recuerdos y vivencias relacionadas con ese caso. No ha parado ahí. Animada por familiares suyos que residen en Navarra, decidió buscar la ayuda de un abogado para interponer una querella por delitos de lesa humanidad, que en estos momentos sigue su curso.

Rivas Actual entrevistó el pasado mes de febrero a Yolanda Martín-Alameda Benlliure en un marco muy grato para ella: la Casa de Asociaciones del barrio de Covibar, donde desarrolla muchas de las tareas relacionadas con los movimientos sociales en los que milita.

Además del audio de esa entrevista, les dejamos su propio relato:

El pantano de Palmaces de Jadraque (Foto Yolanda Martín-Alameda Benlliure)

Notas sobre el trabajo esclavo durante el franquismo. El caso de Juan Benlliure Aybar

Por: Yolanda Martín-Alameda Benlliure

Al finalizar la guerra civil española se inició un periodo marcado por la venganza hacia los vencidos. Los datos son elocuentes, mas de 500.000 muertos, un cuarto de millón de exiliados, entre 250.000 y 300.000 presos en cárceles y campos de concentración y más de 100.000 fusilados. La destrucción material del país después de la guerra civil se agudizó con la miseria humana de un régimen que buscaba la exterminación física y moral de sus víctimas. La justicia fue rápida y sumarísima, aprobando un conjunto de leyes como la de Responsabilidades Políticas o la de la Masonería y el Comunismo.

Entre 1939 y 1940 fueron detenidos más de 280.000 republicanos, 4.600 tan solo en la provincia de Guadalajara, según datos del profesor Ortiz Heras. En la región, a comienzos de la década de los cuarenta, se contaron hasta 7.435 reclusos, al margen de los presos que trabajaron en los destacamentos penales con el fin de obtener la redención de penas.

La redención de penas por trabajo fue una medida muy calculada y orquestada por la dictadura franquista. Por un lado venía a descongestionar la saturación en las cárceles y por otro, servía para obtener mano de obra prácticamente gratuita para las tareas de reconstrucción de infraestructuras al finalizar la guerra.

Para ello se creó el Patronato de Redención de Penas por Trabajo, que contaba con un complejo entramado de destinos: los destacamentos penales, las colonias penitenciarias militarizadas, los batallones disciplinarios y los talleres penitenciarios. El objetivo de todos ellos era el mismo: someter moral y físicamente a los presos y desarrollar un auténtico negocio público y privado en torno al sistema.

Juan Benlliure Aybar, mi abuelo materno, formó parte de uno de estos destacamentos penales. Fue uno de esos 4.600 presos republicanos de la provincia de Guadalajara, miembro fundador de la Colectividad Agraria de su pueblo, Tendilla, y 5º Regidor del Consejo Municipal. Fue detenido y acusado falsamente por Auxilio a la Rebelión y juzgado en consejo de guerra el 15 de noviembre de 1939, condenado a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta durante este tiempo, así como a la incautación de todos sus bienes.

El 18 de noviembre ingreso en la cárcel central de Guadalajara para cumplir condena, hasta el año 1942, en que fue trasladado al destacamento de penados del pantano de Palmaces de Jadraque, adherido al sistema de Redención de Penas por trabajos forzados.

Las obras del Pantano de Palmaces se habían iniciado antes de la sublevación del 18 de julio, permaneciendo paradas durante los años que duró la guerra y reanudándose de nuevo en el año 1942 con los presos del batallón de penados y con gente del pueblo. Los penados tenían unas horas establecidas de trabajo, picando piedra y hormigón del embalse. Un tiempo de trabajo que computaba para reducir su condena.

Después de terminar la jornada en el pantano, a los presos se les permitía ayudar a los lugareños en sus faenas agrícolas: segando, recogiendo la cosechas, labrando… y de esta forma podían obtener algo de comida extra con la que alimentarse y ayudar a sus familias, ya que muchas de ellas se habían trasladado a vivir cerca de las obras del pantano para estar más próximos a sus familiares.

Este destacamento estaba formado por 80 hombres condenados a trabajos forzados para redimir condena como mano de obra en régimen de semi-esclavitud, sin seguridad y con pésimas condiciones de vida, alojados en barracones junto a la obra. Estuvo en funcionamiento desde el término de la guerra hasta 1954, año en que finalizaron las obras y fue inaugurado el pantano en medio de la parafernalia habitual que rodeaba al Caudillo.

Por ello la presa de Palmaces, al igual que el resto de destacamentos que se extendieron por todo el país, son idóneos para denunciar los crímenes franquistas y el conocimiento de la historia para el resarcimiento de las víctimas y el conocimiento, por parte de la sociedad, de los horrores de la dictadura y la guerra como garantía de no repetición.

Un espacio, en suma, para poner el foco en las victimas de la represión franquista y de la resistencia a la dictadura.