Han transcurrido tres días desde que varios policías, algunos de paisano y otros de uniforme, detuvieran en el madrileño barrio de Villaverde al ex-diputado de Podemos Serigne Mbaye, al periodista gráfico de ‘El Salto’ Martín Cunéo y a otras cinco personas, vecinas de Mbaye.
No existe ninguna prueba razonable de que la detención del primero tuviera ninguna justificación real. Primeras versiones policiales le señalaban como sospechoso que coincidía con las características de alguien que, según una supuesta denuncia de un vecino, merodeaba por los alrededores del edificio donde fue detenido. Esa versión policial es seguida de una ‘explicación’ según la cual los agentes quisieron identificar a Mbaye y éste se negó a ello y se resistió a su detención.
A Martín Cunéo, al igual que a los cinco vecinos de Mbaye, les detuvieron acusándoles de resistencia y agresiones a la autoridad. Cualquiera que vea el video que se ha difundido por redes sociales en que se pueden ver los modos injustificadamente violentos utilizados por los policías, quedará convencido absolutamente de que la resistencia de Mbaye y la agresión de los vecinos es algo inventado por los agentes, que en todo momento fueron los agresores y no los agredidos.
Existen demasiadas evidencias de que la actuación policial tenía como objetivo el acoso a un activista del antirracismo muy destacado y conocido. Un acoso que, según declara el propio Mbaye y atestiguan varios vecinos, es algo que se produce con regularidad sobre su persona. Pero Serigne Mbaye no ha sido condenado en ninguna ocasión, buena prueba de lo injustificado de las acusaciones realizadas contra él en repetidas ocasiones.
Cuando se producen hechos así no queda más remedio que dar la razón a quienes ven en el comportamiento policial un trasfondo racista. Las acusaciones contra buena parte de la plantilla policial de connivencia o militancia fascista y racista se ven sustentadas por la realidad que el video muestra con contundencia.
Afortunadamente, la reacción prácticamente inmediata de compañeras y compañeros de partido de Serigne Mbaye, que se congregaron frente a la comisaría de Usera en número de varios centenares y estuvieron allí presentes hasta que los detenidos salieron de la comisaría, puso de manifiesto y sirvió como altavoz de denuncia de los hechos.
En la misma línea, un comunicado de vecinos del inmueble donde vive Mbaye deja claras las circunstancias de la agresión policial y de las detenciones. Posteriormente el sindicato Comisiones Obreras ha hecho público su apoyo a dicho comunicado y ha llamado a difundirlo.
Esta actuación, calificable sin duda de abuso policial, ha sido expuesta por TVE y varios medios nacionales se han hecho eco de ella, lo que señala claramente la indignación suscitada y la condena unánime al respecto.
La Policía Nacional se ha manchado con esta actuación, pero no es la primera vez, según denuncian desde el movimiento antirracista, que se producen hechos similares. De ser así, no sólo habría que identificar a los policías que perpetraron este atentado (algo fácil de hacer) y sancionarlos con el máximo rigor, sino que habría que abrir una investigación sobre la existencia dentro de la Policía Nacional de amplios sectores de agentes que comulgan con ideologías racistas y ultraderechistas, procurando su apartamiento del servicio.
Una policía que la sociedad identifica como impregnada de ideología ultraderechista y racista no puede servir a la democracia. Y los responsables políticos de esa policía, en este caso el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y, como responsable último, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deberían presentar su dimisión por no investigar tantos hechos denunciados y porque hayan pasado tres días sin que se haya avanzado ninguna medida contra los policías implicados. Tres días de profunda alarma social creada por la inacción de quienes deben velar por el comportamiento democrático de una policía que debería estar al servicio de una democracia.
